PUEBLA, Pue.- Mientras 28 estados del país ya cuentan con una Ley de Participación Ciudadana, Puebla sigue en la penosa lista de rezagados junto con San Luis Potosí, Estado de México y Campeche. Es una deuda histórica que ahora la Universidad Iberoamericana Puebla y más de 30 organizaciones civiles intentan saldar con la presentación de la iniciativa Puebla Participa, un proyecto que busca abrir canales para que la sociedad pueda incidir en las decisiones de gobierno.
El rector de la IBERO, Alejandro Guevara Sanginés, señaló que “aunque es tarde, aún se puede capitalizar una buena propuesta”.
Lo “tarde” no es un eufemismo. Durante décadas, el Congreso local ha jugado a la democracia representativa mientras coloca candados absurdos a la ciudadanía: hoy para presentar una iniciativa se exige el 2.5% de la lista nominal, más de 124 mil firmas, un muro imposible de escalar para cualquier colectivo. En contraste, en seis estados del país basta con una sola firma.
La propuesta presentada por académicos y colectivos integra 16 mecanismos de participación, desde plebiscito y referéndum hasta revocación de mandato, cabildos abiertos y consulta para niñas y niños; es decir, dotar a la sociedad de herramientas concretas para cuestionar, decidir y vigilar al poder.
Las organizaciones saben que no será sencillo. El 15 de septiembre arranca el periodo legislativo y los reflectores estarán puestos en un Congreso que carga con la etiqueta de ser una de las instituciones con menor confianza ciudadana, según las encuestas del INEGI. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Artemisa, ya fue notificada. La pregunta es si tendrá la voluntad de abrir las puertas o volver a archivar la propuesta en el cajón de los eternos pendientes.
El apunte
Sin una ley de participación ciudadana, Puebla seguirá atrapada en un modelo político vertical que solo finge escuchar. Con ella, el estado tendría la oportunidad de convertirse en referente nacional en democracia participativa. Lo que está en juego no es un trámite legislativo más, sino el derecho de la gente a decidir sobre lo público.
