La quema de un camión del sistema RUTA en pleno bulevar 5 de Mayo volvió a poner a la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles en el ojo del huracán mediático. Los titulares hablan de caos, vandalismo y encapuchados; pocos, muy pocos, se detienen a mirar lo que hay detrás de la protesta de unas jóvenes que cumplen este 2025 cien años de historia entre la precariedad, el olvido y la resistencia.
La Normal de Teteles no es un hecho aislado. Forma parte de un mapa mucho más amplio: las normales rurales, hijas incómodas de la Revolución Mexicana, pensadas para formar maestras y maestros al servicio de las comunidades más pobres del país. Ese proyecto —que en Guerrero vio pasar a Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez en los setenta— siempre fue tratado con sospecha: demasiado pensamiento crítico, demasiada organización, demasiada educación popular. Y, claro, en un país que criminaliza la protesta, eso nunca es perdonado.
Las alumnas viven en condiciones deplorables. Con suerte reciben 80 pesos a la semana o al mes para su alimentación, cuando el dinero llega, y muchas veces se les entrega en forma de préstamos que comprometen aún más su sobrevivencia. A eso se suma un internado que se cae a pedazos, directivos que no rinden cuentas y un sindicato que encuentra la manera de manipular a las estudiantes para vivir del presupuesto destinado a ellas. La precariedad no es nueva: es un sistema sostenido con décadas de indiferencia de autoridades que prefieren administrar la crisis antes que resolverla.
Pero no se puede negar otro hecho: los grupos externos que se han aprovechado históricamente de esta vulnerabilidad. En cada protesta aparecen actores políticos, organizaciones o personajes que intentan colgarse de las demandas legítimas de las normalistas para sacar sus propios beneficios. Son estos mismos grupos los que empujan las movilizaciones hacia actos que deslegitiman a las alumnas y las ponen en riesgo de ser criminalizadas, como ya sucedió con el incendio del RUTA.
Históricamente las autoridades reaccionan con operativos policiacos, discursos que condenan la violencia, promesas de diálogo que nunca llegan a fondo. Pero ni el estado ni la Federación han tenido la voluntad política de transformar las inercias que mantienen sometidas a estas escuelas. Lo que ocurre en Teteles no se resuelve con patrullas ni con comunicados, sino con una política educativa digna, con perspectiva de derechos humanos y pertinencia cultural.
El centenario de la Normal Carmen Serdán debería ser un momento para reconocer la dignidad de un siglo de lucha y no para encasillarla en la narrativa del vandalismo. Equipararla con movimientos que han distorsionado sus causas con fines políticos es, además de injusto, un intento de borrar su historia.
Teteles es protesta, sí. Es también carencia y abandono. Pero sobre todo, es dignidad. Y en un país donde las escuelas normales rurales sobreviven entre el hambre, el desprestigio y la criminalización, esa dignidad es el mayor acto de resistencia.
