En diciembre de 2021, el gobierno de Miguel Barbosa denunció el saqueo de casi seis mil piezas históricas en Puebla. La respuesta fue tan inmediata como aparente: un plan para proteger el acervo cultural con “chips de seguridad”. Tres años después sabemos que esos chips no eran más que dispositivos diseñados para ropa y tiendas departamentales, adquiridos con anomalías por 5 millones de pesos, colocados sin estudios previos y, peor aún, con materiales que dañan libros y objetos de valor incalculable.
Lo que está en juego no es solo la colección de Puebla, sino un patrimonio que pertenece a la humanidad entera. La Biblioteca Palafoxiana, los museos que resguardan piezas coloniales, documentos y objetos de la historia universal, fueron usados como campo de experimentación para un negocio que hoy apunta a funcionarios con nombre y apellido.
Sergio Vergara Berdejo, Jacqueline Cervantes Osorno, Miriam Martínez Hernández, entre otros, figuran en la lista de señalados por autorizar y operar la compra fraudulenta a una empresa de papelería convertida, de la noche a la mañana, en “proveedora de seguridad patrimonial”.
Los delitos van desde abuso de autoridad hasta fraude; sin embargo, los involucrados se pasean con total impunidad. Algunos, incluso, continúan en la administración pública.
Sin duda, la indignación no puede limitarse a una auditoría o a declaraciones matutinas, banqueteras o comunicados que hacen las veces de avisos de ocasión.
Hablamos de piezas que forman parte de la memoria colectiva del mundo.
Cada daño causado por estos chips improvisados es irreparable, y cada día que pasa sin sanciones es un recordatorio del desprecio de las élites políticas por la cultura.
El gobernador Alejandro Armenta ha prometido “todo el peso de la ley”. Pero la experiencia mexicana nos enseña que estas frases suelen diluirse entre carpetas de investigación eternas y pactos de silencio.
