PUEBLA, MÉXICO.- El Congreso de Puebla tiene una oportunidad histórica: legislar la revocación de mandato junto con la ciudadanía. Así lo exige el Colectivo Hermanos Serdán, que este martes pidió formalmente ser incluido en el proceso legislativo que está por iniciar el Congreso local, tras obtener una sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En rueda de prensa, las y los integrantes del colectivo celebraron el fallo de la Segunda Sala de la Corte, que resolvió que el Congreso poblano fue omiso al no armonizar su Constitución con la federal en materia de revocación, a pesar de que desde diciembre de 2019 esta figura ya estaba reconocida a nivel nacional. La omisión persistió durante más de cinco años, a pesar de que existía un plazo legal de 18 meses para legislar al respecto.
El Colectivo Hermanos Serdán no esperó sentadx: en 2022 presentó un amparo que inicialmente fue rechazado. Pero insistió. El caso llegó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que lo consideró un “problema jurídico excepcional” y lo turnó a la SCJN. Finalmente, el pasado 2 de julio, la Corte les dio la razón y ordenó al Congreso legislar ya.
“No venimos a pedir favores, venimos a exigir participación”, dijeron.
Señalaron que desde 2022 tienen redactada una iniciativa de reforma para regular esta figura. Incluso hubo un primer acercamiento con el exdiputado Iván Herrera durante la LXI Legislatura. Hoy piden que esa propuesta ciudadana sea escuchada y tomada en cuenta.
“Es un proceso democrático que tiene la ciudadanía”, afirmaron, subrayando que Puebla podría ser el primer estado del país en legislar la revocación de mandato en conjunto con la sociedad civil organizada.
No basta una reforma superficial: hace falta voluntad política
El colectivo explicó que no solo se requiere reformar la Constitución local, sino también las leyes electorales y los medios de impugnación, para asegurar que la revocación funcione de manera clara, legal y efectiva. Proponen que, como a nivel federal, el mecanismo sea activado una vez transcurridos los tres primeros años de gobierno, con el 10% del padrón electoral, y que el resultado sea vinculante solo si participa el 40% de las y los votantes.
Arturo Mendoza, integrante del colectivo, advirtió que si el Congreso continúa ignorando el mandato judicial, podría enfrentarse a un incidente de inejecución de sentencia, lo que incluso puede derivar en la remoción de diputadas y diputados por desacato. Eso sí, reconocieron que este escenario solo se activaría si se incumple en un plazo razonable, que estiman en 90 días.
Finalmente, hicieron un llamado firme pero claro:
“Queremos una buena revocación de mandato. Queremos una ley ciudadana, no una simulación firmada entre partidos”.
La pelota está en la cancha del Congreso. Lo que está en juego no es solo una reforma: es el derecho del pueblo a decidir si quiere seguir siendo gobernado por quienes lo representan… o no.
