Fotografía: EsImagen

Ley de Ciberasedio en Puebla será modificada para garantizar libertad de expresión

En PUEBLA Mauricio Cárdenas
  • La reforma excluirá a funcionarios públicos y busca evitar ambigüedades que puedan dar pie a censura

PUEBLA, Pue.— La Ley de Ciberasedio, aprobada el pasado 12 de junio por el Congreso del Estado de Puebla, será modificada tras la polémica generada por su posible afectación a la libertad de expresión. Así lo confirmó este martes la presidenta del Congreso, Laura Artemisa García Chávez, quien anunció que se hará una adhesión al artículo 480 del Código Penal para evitar que la norma beneficie a servidores públicos o criminalice la crítica política.

La legisladora explicó que la reforma será presentada una vez concluido el foro juvenil programado para el jueves 26 de junio a las 17:00 horas, y se espera que la modificación sea aprobada antes del 15 de julio, fecha en que concluye el actual Periodo Ordinario de Sesiones.

“No debe atentar contra la libertad de expresión y mucho menos dar protección indebida a servidores públicos”, afirmó García Chávez.

Sheinbaum y Armenta respaldan ajustes a la ley

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la necesidad de “aclarar” la reforma para evitar ambigüedades y reiteró que el objetivo de la ley es combatir el ciberacoso, no restringir la crítica hacia funcionarios.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aprobó que se realicen los cambios necesarios y subrayó que la reforma busca combatir ciberdelitos, como hackeos a empresas o ataques a menores, pero no debe ser usada para blindar a servidores públicos.

“Tomamos en cuenta lo que dijo la presidenta: debe quedar exento del beneficio de esta ley todo servidor público”, indicó Armenta.

Organismos internacionales exigieron revisión

La aprobación original del artículo 480 generó preocupación entre organizaciones nacionales e internacionales, que señalaron el riesgo de criminalizar el ejercicio periodístico y limitar la libertad de expresión en redes sociales.

Entre los actores que exigieron la revisión están la ONU, Amnistía Internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Artículo 19, la Red Puebla de Periodistas y la ASPEC. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también solicitó una revisión del texto y anunció que trabaja en una acción de inconstitucionalidad.

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