El gobierno estatal logra cancelación anticipada de contrato con Hermes Infraestructura; el recinto cultural ya es propiedad del estado
PUEBLA, PUEBLA.— En un acto calificado como histórico y de justicia financiera, el Gobierno de Puebla concretó la cancelación anticipada del contrato de Asociación Público-Privada (APP) del Museo Internacional del Barroco, lo que representa un ahorro superior a 10 mil millones de pesos para el erario estatal.
Con este acuerdo, firmado con la empresa Hermes Infraestructura, el estado paga solo 2 mil millones de pesos, en lugar de seguir cubriendo una deuda que se extendía hasta el año 2039, con pagos acumulados que habrían superado los 14 mil millones. A partir de hoy, el Museo Internacional del Barroco es propiedad de las y los poblanos.
“Mega obras sin mega fraudes ni mega saqueos”
Durante la ceremonia, el gobernador Alejandro Armenta reafirmó su compromiso con la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos:
“En este gobierno vamos a hacer mega obras, pero sin mega fraudes, sin mega saqueos y sin mega noches. Soñar en grande solo es posible cuando se pone orden en las finanzas públicas”, declaró.
El mandatario aseguró que el dinero ahorrado se destinará a proyectos estratégicos, como la recuperación del Lago de Valsequillo, la construcción de la Universidad Rosario Castellanos en Eloxochitlán y conectividad para la Sierra poblana.
Reconocimiento nacional a Puebla
El Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares, reconoció al estado por la decisión técnica y jurídica de proteger las finanzas públicas y recuperar patrimonio estatal.
Asimismo, Fernando Baca Rivera, titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que Puebla tiene finanzas sólidas y la colocó como “la joya de la corona en la República Mexicana”.
Justicia social y eficiencia administrativa
El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, indicó que el proyecto, inicialmente concebido como ícono cultural, terminó siendo una carga financiera sin beneficios reales. En casi una década se habían pagado más de 4 mil millones de pesos. De haberse continuado con el contrato, el gasto habría sido 10 veces mayor al Programa de Obra Comunitaria y 5 veces el presupuesto anual del campo.
También precisó que este acuerdo no detiene las investigaciones contra exservidores públicos implicados en el esquema de saqueo presupuestal.
Finalmente, el subsecretario de Egresos, Víctor Hugo Domínguez, explicó que se realizó un análisis jurídico, económico y social, y que la decisión fue técnica y responsable, evitando que futuras administraciones heredaran un lastre financiero.
