- La defensa de las víctimas apelará la resolución para que también se le juzgue por falsificación de documentos
PUEBLA, MÉXICO.- La expresidenta municipal de Izúcar de Matamoros, Irene Olea, fue vinculada a proceso por el delito de intimidación en contra de las periodistas Natalie y Michelle Hoyos, en una audiencia celebrada el pasado 16 de junio en el Centro de Justicia Penal.
Durante más de cuatro horas, el juez analizó 49 pruebas presentadas por el Ministerio Público, con las cuales se acreditó la presunta intimidación ejercida por la exalcaldesa. Sin embargo, la acusación por falsificación de documentos fue desestimada, lo que generó inconformidad entre las víctimas, quienes anunciaron que apelarán esta resolución.
Además, el juez ordenó que Olea permanezca bajo medidas cautelares, que le prohíben salir del país o acercarse a las periodistas agredidas.
¿De qué se le acusa?
Los hechos se remontan a marzo de 2023, cuando Natalie y Michelle Hoyos documentaban la manifestación del Día Internacional de la Mujer en Izúcar de Matamoros. Según su testimonio, fueron víctimas de agresiones, intimidación y falsificación de pruebas por parte de la entonces presidenta municipal y funcionarios de su administración.
Uno de los casos más graves es el de Socorro Barrera, exfuncionaria municipal que habría sido despedida por negarse a colaborar con las acciones ilegales de Olea. Barrera fue asesinada el 20 de junio de 2024, un hecho que aún sigue bajo investigación.
Justicia y libertad de expresión
Tras la audiencia, Michelle Hoyos declaró que se abrirá una audiencia intermedia por falsificación de documentos en contra de los exfuncionarios que colaboraron con Irene Olea, quienes también están vinculados a proceso.
“Hoy, la verdad tocó a la puerta del poder”, escribió Michelle Hoyos en su cuenta de X, denunciando que la exalcaldesa falsificó evidencias, encubrió actos de tortura y trató de silenciar a periodistas con miedo.
El caso ha generado preocupación nacional entre organismos de libertad de expresión, pues se suma a una serie de agresiones contra periodistas en el estado de Puebla. Diversas organizaciones han exigido que se garantice el acceso a la justicia y se sancione a quienes usan el poder público para reprimir la labor periodística.
