MÉXICO.- El gobierno federal defendió la iniciativa de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso, en medio de crecientes críticas que acusan posibles riesgos de censura y concentración de poder en materia de comunicación e internet.
Durante la conferencia matutina del 14 de mayo, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que la reforma busca regular el ecosistema de telecomunicaciones del país y garantizar el acceso gratuito a internet, especialmente para los más de 15 millones de personas que hoy carecen de cobertura.
“Esta es una ley para conectar a todas las mexicanas y mexicanos gradualmente”, señaló Peña Merino, quien también rechazó que el texto propuesto contenga intenciones de censura. De hecho, precisó que los cambios propuestos al artículo 109, considerados polémicos por organizaciones y medios, fueron retirados del dictamen a discutir.
La ley regulará tanto el acceso a señales (concesiones, espectro, infraestructura como torres y satélites) como el uso (servicios comerciales, derechos de audiencias y supervisión de calidad). También se propone integrar las funciones de los órganos autónomos que serán eliminados, como la Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en nuevas entidades: una Comisión de Competencia Antimonopolio, la propia Agencia Digital y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
#MañaneraDelPueblo. Precisa @PPmerino que esta nueva #LeyDeTelecomunicaciones eliminará cualquier elemento que pueda ser interpretado como censura y se queda el artículo 210 que prohíbe la contratación de spots por gobiernos extranjeros para mensajes políticos o ideológicos. pic.twitter.com/iuxvF2YRsl
— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 14, 2025
Por su parte, la presidenta Sheinbaum destacó que esta ley también incorpora medidas para proteger a las audiencias, promover la supervivencia de radios comunitarias, y prohibir que gobiernos extranjeros paguen propaganda ideológica o política en territorio mexicano, a raíz de lo ocurrido con un anuncio reciente que, dijo, “indignó al pueblo de México”.
Pese a los argumentos oficiales, diversas voces de la sociedad civil, medios y analistas han señalado que la eliminación de órganos autónomos y el posible control centralizado de contenidos representan riesgos para la libertad de expresión y la independencia de la regulación en telecomunicaciones.
