MÉXICO.- El gobierno de Donald Trump endureció aún más su política migratoria al implementar un nuevo programa de “autodeportación” dirigido a migrantes indocumentados en Estados Unidos. La medida, impulsada mediante un decreto presidencial, ofrece mil dólares y asistencia de viaje a quienes decidan regresar voluntariamente a su país de origen, y forma parte de una estrategia más amplia que contempla severas sanciones para quienes permanezcan en el país sin autorización legal.
El Departamento de Seguridad Nacional informó que ya se registró el primer caso exitoso: un migrante hondureño que utilizó la plataforma CBP Home para obtener un vuelo de regreso desde Chicago a su país. De acuerdo con las autoridades, esta modalidad de salida voluntaria reduciría los costos de deportación en un 70 %, al evitar procesos judiciales y detención prolongada.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida asegurando que “la autodeportación es la forma más segura y económica de abandonar Estados Unidos si se reside ilegalmente”, y agregó que quienes participen podrían mejorar sus posibilidades de reingreso legal en el futuro.
🇺🇸🛫 Trump firma orden ejecutiva para lanzar programa de autodeportación
El presidente estadounidense señaló que la estrategia está enfocada en los migrantes irregulares que viven en la nación norteamericana.
“Cualquier migrante [indocumentado] puede presentarse simplemente en… pic.twitter.com/BTfSpunQql
— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 10, 2025
Pero la política no termina ahí. Trump también ordenó acciones contra las llamadas “ciudades santuario”, aquellas que no colaboran con agentes federales de inmigración. La orden establece que se publique una lista de estas jurisdicciones, se les notifique su incumplimiento y se les amenace con perder financiamiento federal si no cooperan.
En paralelo, el mandatario advirtió que quienes permanezcan en el país sin autorización enfrentarán castigos como prisión, confiscación de bienes, embargos salariales y deportación inmediata.
Organizaciones civiles y defensores de los derechos migrantes han criticado esta nueva ofensiva, señalando que refuerza la criminalización de la migración y fomenta el miedo entre comunidades ya vulnerables.
