MÉXICO.- La lucha por la justicia en México no solo depende de leyes e instituciones, sino también del papel activo de las comunidades agraviadas. Así lo sostiene el abogado y politólogo Raymundo Espinoza Hernández, referente de la crítica jurídica en América Latina, quien enfatiza la necesidad de reconfigurar el modelo de impartición de justicia y el perfil de las personas juzgadoras en el país.
En su artículo “Comunidades, académicos y abogados”, Espinoza Hernández destaca que la democracia y la justicia siguen siendo pendientes en el andar de las comunidades afectadas por la devastación ambiental. A su juicio, estas poblaciones, al enfrentar la injusticia en sus propios territorios, se convierten en agentes de cambio social.
En ocasiones los colectivos claudican en sus intentos, agobiados por sus propias limitaciones organizativas y los vericuetos legales en apariencia impenetrables. No obstante, al exigir justicia, las poblaciones agraviadas también pueden convertirse en actores políticos y sujetos de la historia”, afirma el especialista.
Este es un momento clave, señala Espinoza Hernández, pues el contexto de la Reforma Judicial abre la posibilidad de transformar la impartición de justicia y fortalecer la participación ciudadana en la configuración de las instituciones públicas. En su opinión, democratizar el Estado implica no solo la creación de marcos normativos adecuados, sino también la inclusión de dinámicas participativas que robustezcan la deliberación política y la toma informada de decisiones sobre asuntos de interés público.
Por último, el abogado y promotor de la educación jurídica popular subraya que las instituciones públicas y la legislación son “arenas de disputa” donde se configuran los derechos de la población y sus condiciones de posibilidad. Por ello, el reto es dotarlas de contenidos colectivos y garantías para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
