PUEBLA, MÉXICO.- Ernesto Aroche fundó Lado B luego de ser despedido, junto con otros colegas, por una cobertura periodística que causó escozor en la sala de redacción de su antiguo medio. Jesús González se volvió fotoperiodista tras documentar un accidente aéreo. Mayra Cisneros fue expulsada de su noticiero por registrar un mitin desfavorable para el alcalde de La Frontera, Coahuila. Flor Hernández salió del país luego de una investigación en torno a los sismos de 2017.
Estas cuatro historias son expuestas por sus protagonistas en el documental Mensaje interrumpido (Jaime Fraire, 2019), presentado y comentado en la IBERO Puebla. El largometraje sigue a los cuatro informadores en sus respectivos contextos mientras avanzan por el trepidante oficio periodístico, uno que este año ya suma 15 muertes violentas.
Censura, intimidación, agresiones físicas, violencia de género y destierro son algunas de las problemáticas que viven los comunicadores al ejercer su profesión. El documental retrata cómo la vulnerabilidad cala de manera diferenciada: mientras que Ernesto ha encontrado un entorno medianamente terso en Puebla, los periodistas del norte del país no corren con la misma suerte.
Mayra era conductora de un noticiero radiofónico en La Poderosa XEXU hasta que, por orden del alcalde de La Frontera, Florencio Siller, fue suspendida tras reportar que el cierre de campaña del posible sucesor en el poder no tuvo el aforo del que se jactaban desde los despachos.
La coahuilense denunció los primeros amedrentamientos vía redes sociales, lo que le supuso recibir nuevas amenazas a punta de cañón. “No he vuelto a sentir tranquilidad”, musita frente a la cámara. Al otro costado del país, en Reynosa, Jesús González fue secuestrado y despojado de sus herramientas de trabajo. La experiencia lo llevó a reflexionar sobre la nota roja y el impacto en la pérdida de sensibilidad por parte de las audiencias.
Cuando se agrede a un periodista existe un impacto directo hacia el periodista, pero también a la sociedad, pues se vulnera el derecho a la información de las audiencias a las que el comunicador atiende. Frente a estudiantes de la IBERO Puebla, Ernesto Aroche reconoció que los mecanismos de protección a periodistas, si bien son auxiliares importantes, resultan insuficientes para resolver una problemática con grandes alcances psicoemocionales.
De ello da cuenta el caso de Flor, quien recibió un asilo especial en Barcelona luego de múltiples amenazas por un reportaje acerca de las escuelas que operaban en estructuras de plástico tras el sismo del 7 de septiembre de 2017 en Juchitán. Tanto ella como Mayra se vieron obligadas a renunciar definitivamente al periodismo para protegerse a sí mismas y a sus familias.
Al respecto, Juan Vázquez, colaborador de Artículo 19, indicó que muchas mujeres periodistas se ven inmersas en la encrucijada entre ejercer la profesión y cumplir con las labores de maternidad. Además, las agresiones contra ellas suelen tener connotaciones sexuales y de género.
El trabajo periodístico en red resulta fundamental en tiempos de altos índices de violencia. Los asesinatos de periodistas suelen ocurrir en contextos en los que los comunicadores trabajan aislados. Artículo 19 ha constatado que los temas relacionados con corrupción y política son los que más suscitan agresiones a comunicadores. “Las autoridades federales han sido incapaces de reconocer estos riesgos”.
Ser joven, mujer o periodista, factores de peligro en México
El sexenio actual ha generado nuevos retos para el periodismo. A las violencias por parte del crimen organizado se suma la comunicación oficial que descalifica el trabajo periodístico crítico. “Vemos a la institucionalidad agrediendo todos los días a las y los periodistas en la mañanera”.
A nivel estatal, el gobernador Miguel Barbosa suele agredir a la prensa en sus conferencias diarias. “Un tanto la personalidad del personaje, pero también es un reflejo de lo que pasa todos los días en la mañanera del presidente”, indicó Ernesto Aroche, cuyo medio ya ha denunciado prácticas irregulares en la política estatal como el caso de la cédula apócrifa del juez penal José Refugio Alejandro León Flores.
Hacia el final del conversatorio, el director Jaime Fraire reconoció que el proceso de documentar las historias contribuyó a sanar las repercusiones emocionales de realizar tareas periodísticas. “Son cosas que se te quedan marcadas. Queremos seguir apoyando a los periodistas. Sacamos las cosas adelante con nuestras emociones como motor”.
