MÉXICO.- En todos los países latinoamericanos las universidades deben constantemente defender su autonomía de los gobiernos, grupos empresariales y religiosos que están en contra de este valor porque no pueden controlar a estas instituciones, afirma la académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, Renate Marsiske Schulte.
Con motivo del 92 aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional -que fue promulgada por el presidente Emilio Portes Gil el 10 de julio de 1929 y publicada el 26 de julio del mismo año-, la especialista en movimientos estudiantiles de América Latina expone que esta normatividad se inscribe en una época de lucha de la autonomía universitaria en la región.
Inició en 1918 con el movimiento de Córdoba, en Argentina. En México, otras instituciones de educación superior obtuvieron su autonomía antes, como la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
“Hay muchos intentos y propuestas de autonomía universitaria desde 1880, cuando Justo Sierra era diputado ya hablaba de la independencia de la Universidad de los gobiernos e instancias del Estado”, señala la investigadora.
En 1921 se realizó un Congreso Internacional de Estudiantes en la Ciudad de México, auspiciado por José Vasconcelos, en el cual líderes estudiantiles argentinos acudieron a exponer cómo lograron la autonomía universitaria en Córdoba.
“En la Universidad Nacional de México, cada vez que había un conflicto con el gobierno se presentaban proyectos de autonomía por los estudiantes, el rector, los profesores; algunos eran proyectos de dos cuartillas que no procedían, pero estaba ahí presente la inquietud”, agrega la experta.
El movimiento de 1929, en la Universidad Nacional, inició por un problema relacionado con exámenes en la Facultad de Derecho. Los alumnos no demandaron inicial y explícitamente la autodeterminación de la institución, pero estaba latente esta inquietud.
En ese entonces se logró la movilización de numerosos estudiantes, quienes se encontraban organizados, y llegaron a reunirse miles en el Zócalo capitalino, por lo que el gobierno decidió otorgar la autonomía que consistió en el nombramiento de profesores, determinar lo relacionado a los planes de estudio y a la difusión cultural, entre otros aspectos.
Sin embargo, Marsiske Schulte considera estaba acotada y enlista las limitaciones:
“El presidente se reservó el derecho de presentar una terna al Consejo Universitario para el nombramiento del rector, con lo que garantizó que el rector procediera del sector gubernamental y no de la Universidad; también tenía derecho de voto sobre ciertas resoluciones universitarias; y la Secretaría de Educación Pública contó con un delegado en el Consejo Universitario, con voz informativa”.
Entre las obligaciones del rector figuró también enviar anualmente un informe al presidente de la República, al Congreso de la Unión y la Secretaría de Educación Pública; la Universidad no tenía patrimonio propio; su subsidio era otorgado por el gobierno, el cual se fijaba anualmente por la Cámara de Diputados y no podía ser menor de cuatro millones de pesos al año. Además, vigilaría el manejo de los fondos con que se contribuyera al sostenimiento de la Universidad.
Añade que estas limitaciones generaron conflictos en la institución, entre 1929 y 1933, aunado a los problemas políticos que enfrentaba el país tras el asesinato de Álvaro Obregón, el fin de la Guerra Cristera, entre otros acontecimientos.
“Los movimientos estudiantiles en América Latina estallan siempre en momentos específico de problemas políticos, sociales, económicos, cuando hay cierta debilidad de los gobiernos”, asevera. En 1929 se presentaba esta situación: poca estabilidad política, la presencia de diversos grupos revolucionarios con levantamientos constantes.
Fue a partir de la Ley Orgánica de 1945 cuando la Universidad gozó de mayor autonomía, pues se reconoció la libertad de cátedra; se establece que las autoridades universitarias nombran a sus mandos, y es quien decide cómo usar el dinero que recibe.
Marsiske Schulte relata que esa Ley Orgánica permanece vigente y en todos los aspectos anteriores se siguen procesos bien establecidos, por ejemplo cómo utilizar los recursos.
En 1980 esta atribución de diversas instituciones de educación superior se incorporó a la Constitución Política de México, en la fracción VII del Artículo 3°.
“En América Latina todo el tiempo tenemos problemas relacionados con la autonomía universitaria. Hace unos años (1996) cuando la Universidad Veracruzana obtuvo su autonomía y todos estaban de acuerdo, pensamos que esa era la última vez que habría una universidad sin autonomía, pero nos equivocamos. Tenemos que defenderla todo el tiempo”, insiste Marsiske Schulte.
