PUEBLA, MÉXICO.- Desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en la frontera norte se ha observado que los jueces en las cortes de migración rechazan cerca del 98% de las solicitudes de asilo político. En su mayoría, los casos suscitados desde 2008 han sido de personas que huyen de la violencia y el crimen organizado.
El argumento es que el asilo político solo podía darse a personas con miedo a regresar a su país por sus acciones o afinidades sociales, políticas, religiosas o raciales. La condición especial por razones de tortura solo contempla la acción del Estado, por lo que las persecuciones orquestadas por cárteles calificaban como “violencia común y corriente”.
A este tipo de omisiones se les conoce como “crimen autorizado”, concepto con el que se explican una serie de acciones ilegales que, no obstante, son validadas por el Estado como parte de su funcionamiento cotidiano. Dicho fenómeno fue desarrollado en un libro del mismo nombre y reflexionado durante una presentación organizada por la IBERO Puebla.
El concepto ya había sido utilizado en las regiones dominadas por los grupos delictivos. El abogado migratorio Carlos Spector lo retomó para construir una teoría que permita explicar ante las cortes estadounidenses la compleja situación que viven aquellas personas disidentes de los regímenes del narcotráfico.
La relación entre el poder político y el criminal se establece de manera estructural. Como explicó Samuel Schmidt, autor de Crimen autorizado, el sistema es abordado a través de numerología, no del escrutinio; de ahí la necesidad de visibilizar que, ante la orden explícita del Estado, la actividad delictiva deja de serlo. Además, cuando el crimen se conecta con el Estado va suplantando algunas funciones gubernamentales.
El crimen autorizado penetra en diferentes rincones de la sociedad porque tiene la venia del Estado. Si bien esto mina los estándares de gobernabilidad, también genera una estabilidad perversa. “El crimen organizado le sirve al Estado, pero no puede haber democracia con crimen autorizado”.
EL APUNTE
Crimen autorizado dedica unas páginas al asunto de las remesas. La mayor parte de los mexicanos que viven en Estados Unidos trabaja por menos del salario mínimo (cerca de cinco dólares la hora). El alza en el ingreso de estas podría deberse a que el dinero del narcotráfico es incluido en estas estadísticas a través de operaciones mayúsculas de lavado en ambos lados del río Bravo.
