PUEBLA, MÉXICO.- La determinación de auto de formal prisión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín, es un acontecimiento emblemático porque representa un paso importante en el acceso a la justicia de los periodistas que han sido violentados y violado sus derechos por ejercer su labor.
Así lo consideró el coordinador legal de Artículo 19, Luis Knapp, al dar a conocer los avances del proceso legal que enfrenta el exmandatario poblano, a quien la noche de este martes el juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo dictó auto de formal prisión, como probable autor intelectual en el delito de tortura cometido contra la periodista Lydia Cacho.
Con esta determinación se inició formalmente el proceso penal de Mario Marín, el cual se desahogará conforme a la ley bajo el objetivo de que se llegue a la emisión de una sentencia que acredite plenamente su responsabilidad en el caso.
En conferencia con medios de comunicación, Luis Knapp rechazó las violaciones a los derechos humanos cometidos contra la periodista Lydia Cacho, quien el 16 y 17 de diciembre de 2005 fue detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla contra su voluntad y con torturas, luego de que el empresario textil Kamel Nacif la denunció por difamación y calumnia por la publicación del libro Los demonios del Edén, donde ella expone una red de explotación y prostitución infantil.
“Lydia Cacho fue castigada por ser periodista, por hacer su labor, por hacer su trabajo, por investigar, por publicar información de interés público particularmente de temas de pornografía, de explotación infantil, trata de personas”, comentó el coordinador legal.
De acuerdo con documentación de Artículo 19, en el periodo de 2000 a 2020, en el país 137 periodistas han sido asesinados por desempeñar su labor, una cifra que aumenta cada año y que mantiene a México ocupando los primeros lugares a nivel mundial en violencia contra la prensa.
Además en el contexto mexicano, la impunidad se coloca como protagonista en este tipo de delitos a los periodistas, quienes continúan siendo demandados, denunciados, hostigados o acosados comercialmente ya sea por actores políticos o privados.
“En México desgraciadamente ser periodista es un obstáculo, es una molestia, es un estorbo contra funcionarios públicos, contra empresarios, contra grupos criminales, y por eso actúan bajo un alto riesgo y por eso son atacados, agredidos”, enfatizó.
El coordinador legal de Artículo 19 destacó que la determinación ocurrida la noche de este martes es importante porque se trata del primer caso de un funcionario de alto nivel que se encontrará bajo proceso por ejercer violencia contra una periodista. Ademas, este caso es emblemático porque evidencia la estructura de poder que se activó y que llevó a la detención y tortura de Lydia Cacho:
“Aquí es el primer caso donde un funcionario de ese nivel se procesa por violaciones a derechos humanos y de una periodista (…), se evidencia esa estructura de poder, de esas redes criminales donde lo político y lo criminal ya no se pueden diferenciar”.
Junto a otros miembros de Artículo 19, organización que apestan por la libertad de expresión, Knapp mencionó que continuarán con los esfuerzos para que siga avanzando en las determinaciones del caso y finalmente se llegue a la sentencia y, con ello, a una justicia completa para Lydia Cacho, quien como otros periodistas tiene derecho al acceso a la justicia, derecho a la verdad y derecho a la reparación del daño.
