MÉXICO.- Gustavo Sánchez Valle, presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red Mocaf), señaló que México se ha convertido en el cuarto país más peligroso en el mundo para los defensores ambientales frente a los intereses de empresas privadas.
De acuerdo con el informe anual 2018 de Global Witness, a nivel global los sectores privados que más promueven la criminalización son los sectores agroindustrial y minero, y en muchos casos funcionarios gubernamentales son omisos en proteger los derechos de las comunidades o peor aún están coludidos con las empresas, indicó Sánchez Valle.
Consideró que una de las acciones a emprender y de gran impacto en materia preventiva es la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú, que se suscribió el año pasado y que lo convierte en el primer tratado internacional vinculante que obliga a los gobiernos a brindar protección a los defensores ambientales y de los territorios.
Gustavo Sánchez expuso que así se pasaría de una dinámica de lamentar y condenar las agresiones y asesinatos de los defensores ambientales y de los territorios a una política de protección y prevención de la criminalización.
Con motivo de esta conmemoración, hizo un llamado al gobierno federal a fortalecer la política forestal en México.
Planteó que el sector forestal requiere acciones e inversiones en diferentes ámbitos que contemplen el establecimiento de nuevas áreas forestales, el manejo y mantenimiento de las que ya existen tanto de bosque natural como de plantaciones.
Así como otras enfocadas a la conservación de la biodiversidad forestal y la provisión de servicios ambientales y el impulso a redes y cadenas de valor que generen empleos y bienestar en el sector rural.
En un comunicado, el presidente de la agrupación aseveró que una política integral debe contemplar el impulso armónico de vertientes que en ocasiones están confrontadas por un mal diseño de políticas públicas.
Entre ellas mecionó el manejo y aprovechamiento de los bosques nativos, la conservación de la biodiversidad forestal y la provisión de servicios ambientales, y las plantaciones forestales privilegiando las que sean multiespecíficas y utilicen especies nativas.
A la par de un impulso al mercado legal de la madera en México como una condición indispensable para que las empresas comunitarias y privadas que quieren operar dentro del marco legal puedan sobrevivir.
Sánchez Valle recomendó además la revisión y armonización de las políticas y programas de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar.
