El frente del Palacio Municipal de Puebla luce limpio.
Ya no hay casitas de campaña coloridas ni aroma a fritangas. Las cartulinas flourescentes que demandaban justicia para los 27 trabajadores despedidos durante las administraciones de Luis Banck y Tony Gali se embolsaron en plásticos negros la tarde noche de este jueves para no volver. A menos que sea necesario.
El campamento que duró 71 días frente a Charlie Hall se fue, pero el hedor de los acuerdos políticos se quedó para lo que resta de la presente administración municipal encabezada por Claudia Rivera Vivanco. Y no me refiero a los aumentos salariales para la base de confianza, extendida a la gremial. No.
Le explico:
Los 27 ex trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, allegados al líder sindical Israel Pacheco -encarcelado en el 2014 por los cargos de amenazas y extorsión- pudieron ser reinstalados al principio de la gestión de Vivanco porque había elementos jurídicos que resolvían esa exigencia. No había duda.
Se armaron los expedientes con la base legal para concretar su reinstalación. Israel Pacheco lo sabía y se hizo de una aliada en el Ayuntamiento de Puebla para informarle a la presidenta.
La reinstalación sería pactada entre Israel Pacheco y Claudia Rivera las primeras semanas de la administración municipal bajo las condiciones de la presidenta. El plantón sería levantado la misma noche del acuerdo y pasaría a formar parte de un trompicón político donde el “líder moral” comenzaría a ganar adeptos entre una base gremial en orfandad desde los primeros años del morenovallismo.
Al salir de prisión Israel Pacheco buscaba renovar lazos con la base gremial, pero sin buscar el liderazgo del sindicato Benito Juárez, ocupado en su ausencia por Gonzalo Juárez, un morenovallista (ahora galicista) de cepa.
La vía legal y administrativa parecía sencilla pero la política se impuso. Javier Palou, jefe de oficina de la Presidencia, Leobardo Rodríguez actual secretario de Administración y el síndico Municipal Gonzalo Castillo se encargaron de convencer a Claudia Rivera Vivanco que un acuerdo con el ex convicto mancharía su imagen, que cualquier negociación sobre el conflicto tendría que ceñirse al reconocimiento del actual líder sindical Gonzalo Juárez.
Si la demanda laboral tenía bases legales para la reinstalación inmediata de los 27 agremiados, ¿por qué el plantón se agudizó y tardó 71 días? Sencillo: Gonzalo Juárez ganaría legitimación y fuerza con acuerdos que de fondo no conoceremos, pero que significan el fortalecimiento del galicismo al interior del Ayuntamiento de Puebla para las próximas elecciones municipales. Es decir, el ejército al que tanto se repelió de forma discursiva durante la campaña de la morenista ya está de regreso y fue ella quien los dejó entrar.
Esto, quizá, aún no lo tiene claro Claudia Rivera, pero sí los tres allegados que hicieron de este asunto laboral un botín político a favor del ex gobernador Tony Gali. ¿A cambio de qué? No pasarán muchos meses sin que atemos cabos.
Este asunto político-laboral es la muestra de cómo hacer de una negociación política sencilla, un embrollo facturado a muy alto costo. En otros tiempos el tema hubiera alcanzado dimensiones inimaginables, pero lo que se tenía a favor era la precipitosa caída del morenovallismo y la disputa interna de Morena por elegir a un candidato a la gubernatura estatal, asuntos que mantenía a los adversarios políticos de la presidenta bastante ocupados.
La política y la burocracia convergen en un punto: la voluntad. Cuando no la hay, los caminos para consumar trámites o acuerdos son largos y tortuosos, y casi siempre conllevan un costo muy alto a favor de una sola persona.
