PUEBLA, MÉXICO.- Aunque fue desde junio de 2016 que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres (Conavim) solicitó al gobierno del estado realizar un diagnóstico sobre la violencia de género en Puebla, fue hasta diciembre del año pasado que se comenzaron en forma los trabajos para el mismo.
Esto llama la atención tomando en consideración que en su momento el gobernador Rafael Moreno Valle reportó a la Comisión haber etiquetado 2.6 millones de pesos para este estudio, el cual no se elaboró en su administración.
Lo anterior se desprende del “Dictamen sobre la implementación de las medidas específicas contenidas en la resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres para el estado de Puebla” publicado por la Conavim hace unos días, en el cual se indica que si bien se cumplieron con la mayoría de las acciones propuestas a la administración estatal dentro del primer procedimiento de alerta de género que se emprendió, todavía hay ciertos puntos considerados “preocupantes”.
Cuestiones como la mejora de los mecanismos de emisión y seguimiento de las órdenes de protección, mejorar la investigación de delitos contra las mujeres, brindar atención efectiva a casos de violencia familiar y fortalecer el sistema de acceso a la justicia son algunos de los puntos pendientes por atender, reportó la Conavim dentro del proceso AVGM/03/2016.
Uno de los puntos que llama la atención, es que la Conavim señaló que si bien en noviembre de 2017 se creó la Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres, la cual quedó adscrita a la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, ésta no opera de manera adecuada.
Esto, explica, pues es “indispensable” que cuente con personal suficiente, espacios físicos, equipamiento y mobiliario, así como un modelo de organización que garantice su desempeño adecuado.
A DESTIEMPO
Aunque se reportó como cumplida la elaboración del diagnóstico de violencia de género, el cual se logró por medio de un convenio de colaboración, firmado el 1 de diciembre de 2017 entre el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Colegio de México, destaca el retraso en la realización de este estudio.
Esto pues a principios de 2017, cuando el gobierno de Moreno Valle presentó el informe de cumplimiento de las recomendaciones emitidas el 28 de junio de 2016, se informó que se etiquetaron dos millones 600 mil pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para este estudio.
Incluso, la administración estatal detalló la metodología a seguir para el análisis y los 34 municipios en los que se enfocaría al ser los de mayor incidencia de asesinatos de mujeres, el cual tardaría cuatro meses en concluirse “a partir de la autorización de su realización”; además se aseguró que este estudio sería difundido en la página del gobierno del estado.
Pese a esto, el diagnóstico no se realizó, lo cual fue observado en su momento por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su voto razonado ante el cumplimiento de las recomendaciones hechas a la administración de Puebla.
En el documento con fecha del 12 de julio de 2017, la Comisión señala que “aunque se aprobó el presupuesto para tal fin, no se cuenta actualmente con un diagnóstico del problema de la violencia en la entidad, que se refire a información a nivel municipal, ni con una propuesta metodológica o cronograma de actividades”.
Esto derivó en que en las medidas específicas planteadas al gobierno del estado se requiriera por segunda ocasión este diagnóstico, el cual ya fue elaborado; sin embargo, se desconoce qué pasó con los 2.6 millones de pesos etiquetados para este estudio en la gestión morenovallista.
