PUEBLA, MÉXICO.- Las sentencias que se emitieron contra tres de los responsables del asesinato de la activista transgénero Agnes Torres Hernández no implican que el caso ya se pueda dar por cerrado pues sigue prófugo uno de los homicidas, lamentó Brahim Zamora Salazar, integrante del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr).
Fue el pasado 5 de agosto, seis años y cinco meses después del homicidio de la activista, que la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que se habían emitido sentencias que van de los 23 a los 35 años de prisión para Agustín Flores Zechinelliy, Luis Fernando Bueno Mozzoco y Marco Antonio Berra Spezzia, así como la responsabilidad de pagar poco más de 253 mil pesos en conjunto por concepto de reparación del daño moral y material.
Estas sentencias ya habían sido dictadas desde 2016, pero los representantes legales de los inculpados presentaron recursos legales para impugnar las mismas, los cuales no surtieron efecto y quedaron en firme las sanciones.
Sin embargo, Zamora Salazar recordó que Jorge Flores Zechinelliy, quien fuera pareja sentimental de Agnes y presunto autor intelectual y material del homicidio, sigue libre, sin que la Fiscalía haya hecho mención de esto en el comunicado que se emitió ni se tengan informes públicos de su búsqueda.
Por esta razón, sentenció que el caso no ha sido investigado por completo y no se puede considerar que hay haya justicia por Agnes.
TARDANZA
El activista señaló que preocupa el hecho de que las autoridades hayan tardado seis años en sentenciar a personas relacionadas con un delito que tuvo un impacto social importante, pues genera dudas en torno a las condiciones de la procuración de justicia en el estado.
Esto, dijo, pues esto demostraría el grado de impunidad que se tiene en torno a diferentes delitos así como lo complicado que es acceder a la justicia en el estado de Puebla.
“Quedan en evidencia las carencias en la capacidad de operación de la Fiscalía”, insistió Zamora Salazar, al señalar que esto no es responsabilidad única de los agentes investigadores, sino de la institución en sí.
Ante esto, señaló que sería necesario que se hiciera un diagnóstico sobre las condiciones en las que labora la Fiscalía, de modo que se tenga certeza de cuáles son los obstáculos que se tienen para responder a este tipo de delitos, ya sea la falta de personal, recursos o capacitación.
Para esto, añadió, se planteó a los diputados locales electos que, una vez que inicie funciones la próxima legislatura, se conforme una comisión especial o un grupo de trabajo que se encargue de revisar la actuación de la FGE en las investigaciones de feminicidios y delitos de odio, pues lamentó que en la actualidad nadie vigila a la Fiscalía.
