PUEBLA, MÉXICO.- En un período de cuatro años el número quejas presentadas por ciudadanos de Puebla ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por presuntas anomalías por parte de funcionarios de dependencias del gobierno federal incrementaron en un 35 por ciento.
Esto, pues mientras en 2014 el organismo federal registró 102 quejas, para 2017 fueron 138, siendo además el año con el mayor número de denuncias en este período, según se refleja en el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos.
En total, en este período se han presentado 499 quejas, lo que significa 10 denuncias mensuales en contra de representantes de la dependencias de la administración pública federal.
Destaca que si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social es la que más quejas concentra en este período con 142, los reportes anuales se mantienen dentro de un mismo rango, mientras que hay otras dependencias que presentan incrementos importantes.
Por ejemplo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) paso de tres a 15 quejas en este período, mientras que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tuvo dos en 2014 y siete en 2017.
Llama la atención que dentro de las dependencias que han tenido aumentos considerables en el número de quejas se encuentran aquellas que participan en la estrategia de seguridad, en particular el combate al robo de combustible.
Un caso de estos es el de la Secretaría de la Marina, que triplicó las quejas en este período, acumulando nueve en cuatro años; algo similar se dio con la Policía Federal que de cuatro quejas llegó a 11 al cierre del año pasado, sumando 26 reportes en este lapso.
La Secretaría de la Defensa Nacional, además, junto 19 quejas desde 2014, y la Procuraduría General de la República 25.
Sin embargo, en este tiempo la CNDH sólo ha emitido nueve recomendaciones por violaciones a los derechos humanos ejecutadas en el estado de Puebla, las cuales versan sobre la contaminación del rio Atoyac, casos de violencia obstétrica, maltratos a menores en estaciones migratorias, y hasta omisiones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla.
A éstas se suman la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos 2VG/2014, relacionada con el caso de San Bernardino Chalchihuapan.
