PUEBLA, MÉXICO.- Aunque la Secretaría General de Gobierno cuenta con un protocolo para la atención de intentos de linchamientos, en 2017 22 personas perdieron la vida a manos de turbas que tomaron la justicia en sus manos.
Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Diódoro Carrasco Altamirano después de su comparecencia ante los diputados dentro de la glosa del informe de labores de José Antonio Gali Fayad, aunque destacó que otras 109 personas fueron salvadas de ser linchadas por la intervención de las autoridades.
Para la atención de este tipo de casos, explicó, se cuenta con el protocolo para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto a los derechos humanos, el cual se creó en respuesta a las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso de San Bernardino Chalchihuapan.
Carrasco Altamirano detalló que este protocolo se aplicó en 23 ocasiones a lo largo de 2017, lo que implicaría que en cada uno de estos casos se intentó linchar a más de una persona si se toma en cuenta que se salvaron a más de 100 por medio de este mecanismo.
Y si bien la CNDH emitió una nueva recomendación hacia el gobierno del estado y el ayuntamiento de Ajalpan por el caso del linchamiento de dos encuestadores que se encontraban en dicho municipio en octubre de 2015, Carrasco Altamirano se comprometió a que sí será aceptada pero que se harán algunas observaciones en cuanto a los puntos recomendatorios, pues algunos de estos ya fueron cumplidos.
En este sentido, comentó que en 2017 se recibieron cinco recomendaciones de parte de la CNDH, tanto generales como particulares, las cuales ya fueron aceptadas y se encuentran en proceso de cumplimiento.
Sin embargo, justificó que han tenido problemas para atender algunas de las acciones solicitadas por el organismo federal, en particular en las relacionadas con los casos de violencia obstétrica que se identificaron en los hospitales de Acatlán de Osorio y Cuetzalan.
Esto, continuó, pues la Secretaría de Salud tardó cerca de un año en encontrar a una de las víctimas -aunque no precisó a cuál de los dos casos hacia referencia- y que en la actualidad se mantiene una discusión con los abogados de la afectada para determinar si la fórmula para la reparación del daño se debe basar en estándares internacionales o en lo que marcan las leyes estatales y federales en la materia.
En su encuentro con los diputados, Carrasco Altamirano rechazó los señalamientos hechos por Socorro Quezada Tiempo en relación a que no se ha actuado para atender la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación a los matrimonios igualitarios, pues recalcó que desde que se emitió este resolutivo en agosto del año pasado se envió un oficio a todos los registros civiles del estado para que “no haya impedimento” para que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.
