PUEBLA, MÉXICO.- A pesar de que diputadas de partidos como el Verde Ecologista de México, del Trabajo y de la Revolución Democrática han presentado iniciativas en el pleno del Congreso para pedir acabar con determinadas conductas que pueden traducirse en violencia en contra de las mujeres, los demás legisladores las mandan a la congeladora de manera sistemática.
Sin embargo, ahora los integrantes de la fracción del Partido Nueva Alianza, encabezados por Susana Riestra Piña, no sólo mostraron interés en este tema sino que retomaron propuestas hechas por otras diputadas para presentarlas como propias.
Por ejemplo, en la sesión del pasado viernes ingresaron una reforma al Código Penal del Estado y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para atender el tema del acoso sexual y callejero, lo cual ya había sido propuesto por Socorro Quezada Tiempo desde diciembre pasado.
La propuesta presentada por Riestra Piña se queda muy superficial, pues no tipifica el acoso callejero, pues se argumenta que esta conducta ya está incluida en el tipo penal del acoso sexual.
Lo que se plantea es clarificar el concepto de violencia sexual de manera que se contemple que esta puede suceder en los espacios públicos; para esto se pide reformar el artículo 17 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de manera que se incluya que la violencia en la comunidad puede suceder en “espacios públicos o de uso común”.
Dentro de esta ley también se busca incluir un segundo párrafo a la fracción V del artículo 10, que define lo que es la violencia sexual, para que también diga que esta es “es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto”.
Sin embargo, no se entra de lleno a lo que es el acoso callejero, pues incluso se justifica que esta es una discusión complicada debido a lo difícil que es definir qué conductas pueden entrar dentro de esta definición.
Lo que sí proponen los diputados de Nueva Alianza es incrementar las penas en cuanto al acoso sexual, dado que en la actualidad en el Código Penal del Estado de Puebla sólo se sanciona éste con multas que van de 50 a 300 días de salario mínimo, por lo que piden agregar una pena corporal que vaya de uno a tres años de prisión; se adicionará un tercio de la sanción en caso de que el menor de edad sea menor de edad.
FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS
Durante la misma sesión, la fracción parlamentaria además presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del gobierno del estado que en el Presupuesto de Egresos de 2018 se “identifiquen” los recursos que se etiqueten para cumplir con lo recomendado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim).
Esto, se explica, pues en el resolutivo octavo del documento que emitió el organismo federal el 7 de julio -con el cual se dio una prorroga al gobierno de Puebla para acatar las recomendaciones hechas y así evitar la alerta de género-, se indica que se debe “fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres. En particular, los Centros de Justicia y las agencias del ministerio público en aquellas zonas donde existe mayores índices de violencia y menores recursos humanos y materiales, poniendo especial atención en que estos sean accesibles también para mujeres indígenas”.
Por esta razón, los legisladores consideran que es importante hacer las gestiones para tener claro cuáles son los recursos que se destinarán para este fin; sin embargo, este es uno de los pendientes que acarrea el gobierno de Puebla desde el primer pliego de recomendaciones que hizo la Conavim desde mediados de 2016.
De acuerdo con el voto razonado que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como parte del debate que se dio para determinar si se emitía la alerta de género para Puebla o no, si bien se tomaron acciones para la creación de programas con perspectiva de género y se emplearon recursos públicos, hay ciertas inconsistencias al respecto.
En el documento se señala que en respuesta a las recomendaciones se diseñaron dos programas: uno de capacitación de corto plazo y el Programa Integral de Capacitación y Profesionalización en materia de Derechos Humanos y Perspectiva de Género para Prevenir la Violencia en contra de las Mujeres; para la implementación de los mismos se etiquetaron tres millones 230 mil 840 pesos, los cuales en su mayoría provinieron de fondos federales, pues la aportación estatal fue de sólo 388 mil 160 pesos.
La CNDH además observó que “en la evidencia presentada por la entidad, sólo se remitió información sobre la asignación de recursos por un monto inferior”, es decir no se cumplió con el presupuesto que se había planteado.
Además, hay que recordar que desde que se emitieron las recomendaciones de la Conavim la diputada Geraldine González Cervantes ha presentado puntos de acuerdo para solicitar el gobierno del estado que rinda cuentas al Congreso sobre las acciones y recursos ejecutados para el cumplimiento de las mismas, propuesta ignorada por los representantes de Nueva Alianza, quienes ahora sí piden claridad en el ejercicio presupuestal en la materia.
