PUEBLA, MÉXICO.- La noticia del asesinato de Mara Fernanda Castilla hace unos días y los detalles de los últimos minutos de vida de la joven de 19 años generaron una consternación social que llegó hasta los poderes legislativos local y federal, donde diputadas y senadores de diferentes grupos parlamentarios exigen que se emita la alerta por violencia de género en el estado de Puebla.
Aunque las peticiones habían sido preparadas a los pocos días del homicidio de la estudiante, el sismo de 7.1 grados que impactó a la región centro del país el pasado 19 de septiembre suspendió la presentación de las mismas, pero esta semana se dio la oleada de exigencias para atender los feminicidios en la entidad.
MÁS RECURSOS PARA INVESTIGACIÓN
Mientras cientos de universitarios marcharon el 18 de septiembre para exigir justicia ante el asesinato de la estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), la diputada local Silvia Tanús Osorio acudió directamente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) para solicitar que sea el presidente del organismo Adolfo López Badillo quien solicite a la Secretaría de Gobernación federal (Segob) la alerta de género para la entidad.
La coordinadora de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) afirmó que si bien no considera que este protocolo sea la solución para la violencia de género en el estado es un primer paso para la implementación de políticas públicas para combatir esta problemática.
Además, presentó un punto de acuerdo para aumentar el presupuesto de la Fiscalía General del Estado para que “pueda establecer mayores recursos humanos y financieros en las Fiscalías especializadas creadas para la atención, investigación y acreditación de conductas constitutivas de delitos, particularmente a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Género”.
También pidió un incremento en los recursos del Instituto Poblano de las Mujeres para mejorar sus condiciones operativas y atención a las mujeres víctimas de violencia, pero esta propuesta fue enviada a comisiones para su estudio, por lo que el tema podría quedarse en la congeladora legislativa.
CONGRESO DE PUEBLA EVADE FEMINICIDIOS
Un futuro similar podrían sufrir los dos puntos de acuerdo que presentó la diputada Geraldine González Cervantes en la sesión de la Comisión Permanente de este martes, pues aunque pidió la dispensa del trámite al considerar que este es un tema de urgente resolución, los legisladores rechazaron la solicitud argumentando que por la materia de las peticiones era necesario un estudio a profundidad.
Uno de los exhortos planteados por la representante del Partido Verde Ecologista de México iba dirigido a la Segob para que, por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim), “reconsidere y corrija el criterio de la resolución emitida en julio del presente año [por medio del cual se dieron seis meses adicionales al gobierno del estado para atender las recomendaciones que se generaron] y en consecuencia emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.
La diputada explicó que aunque hay voces que proponen presentar una nueva solicitud de alerta, este es un proceso largo y burocrático que tarda más de un año, por lo que para tener una respuesta más pronta lo mejor es trabajar sobre el proceso que sigue abierto.
Al presentar el punto de acuerdo acusó que con la determinación del gobierno federal de aplazar la declaratoria para Puebla se evidencia “la complacencia de la autoridad federal y con ello el pisoteo de la ley”.
Recordó que desde 2015 ha impulsado desde el Congreso local que se aplique este protocolo de protección a las mujeres en el estado, sin que sus exigencias hayan tenido eco, por lo que insistió en la urgencia de que se actúe al respecto.
El segundo documento que presentó la diputada originaria de Tehuacán consiste en una solicitud dirigida a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) para que informen al Congreso cuántos feminicidios han sido cometidos en el estado desde 2014, cuántos han consignados, sentenciados o están pendientes de resolución, además que reporten cuáles son los obstáculos legales que se han tenido para la investigación y procesamiento de este delito para que se puedan hacer los ajustes necesarios al tipo penal desde el legislativo local.
Sin embargo, ambos temas fueron enviados a comisiones para su estudio, pero tomando en consideración que los diputados están en período de receso, no hay sesiones de trabajo, por lo que sería hasta mediados de octubre cuando se entre a la discusión de estos puntos.
CASO MARA FERNANDA LLEGA AL SENADO
El asesinato de Mara Fernanda también fue discutido en el Senado de la república, pues ingresaron al pleno tres puntos de acuerdo de diferentes grupos parlamentarios en los cuales se exigen políticas públicas para combatir la violencia de género en el estado de Puebla.
Por un lado, el grupo de senadores del PRI presentó un exhorto dirigido directamente a la CDH de Puebla para que sea este organismo autónomo el que pida a la Conavim la declaratoria de alerta de género.
En el exhorto los priistas señalan que si bien el grupo de trabajo que designó la Conavim para el estudio de la solicitud de alerta para Puebla determinó, con base al informe que presentó el gobierno poblano, que sí se habían tomado acciones y campañas para atender la violencia de género, dichas medidas “no se han visto materializadas en la realidad”.
Bajo este argumento destacan la importancia de que se vuelva a analizar el caso de Puebla y que la administración estatal presente ante la Cámara Alta un informe sobre las acciones tomadas en la materia.
La senadora del Partido del Trabajo Dolores Padierna Luna también presentó un punto de acuerdo para exigir la alerta de género en Puebla, además de que condenó el asesinato de Mara Feranda Castilla y demandó que la FGE llegue al fondo de la investigación.
“Las políticas públicas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres han demostrado su ineficacia en los últimos 20 años, por más discursos elocuentes y sensibles que las autoridades puedan emitir en relación a este tema, resultan siempre carentes de sentido frente a la cruda y triste realidad de la violencia de género”, acusó la experredista.
Señaló que hasta julio de este año ya iban mil 55 homicidios de mujeres en todo el país, de los cuales el 70 por ciento fueron considerados como feminicidios, por lo que resaltó la importancia de que desde el Senado “nos sumemos a esas voces de indignación, coraje, impotencia y hartazgo frente a la violencia de género”.
Otra petición fue presentada por la senadora poblana Lucero Saldaña Pérez, quien tomó como fundamento para su posicionamiento el “temor, dolor e indignación social” que existe en todo el país ante la violencia feminicida a nivel nacional.
La priista refire que mientras organizaciones sociales reportan en Puebla 82 feminicidios hasta el 17 de septiembre, la Fiscalía sólo reconoce 58 en el mismo periodo, lo cual ya es una señal de preocupación pues en todo 2016 las autoridades aceptaron 59 homicidios catalogados bajo este tipo penal.
A esto se suma que en el primer semestre del año la Fiscalía reportó 276 mujeres desaparecidas en la entidad, de las cuales sólo 27 han sido encontradas.
“El presente exhorto se emite con la finalidad de asegurar que las investigaciones de muertes de mujeres en el estado de Puebla, se investiguen y juzguen bajo la perspectiva de género”, se explica en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado, y en particular se pide que este criterio se aplique para el caso de Mara Fernanda.
Contrario a los otros puntos de acuerdo antes mencionados, Saldaña Pérez no sólo le pide a la Conavim que se emita la alerta de género para Puebla, sino que también le requiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que haga esta petición ante la Segob.
Este es un punto importante pues este organismo fue el único que votó a favor de la declaratoria para Puebla cuando el tema se estudió al interior del grupo de trabajo en julio pasado, por lo que la senadora podría tener el respaldo del ombudsman nacional en este asunto.
