PUEBLA, MÉXICO.- La sentencia en contra de Ricardo Alexis N. por el asesinato de Mara Castilla o las sanciones que han prometido las autoridades en contra de la empresa Cabify por estos hechos, son solo medidas con las que el gobierno del estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) buscan evadir su responsabilidad en el tema de la violencia contra las mujeres y delegar ésta en otras instancias.
Esto lo acusó Claudia Rivero Vivanco, secretaria de Diversidad Sexual de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al acusar que el hecho de que haya un aumento en el número de desapariciones de mujeres, que en promedio se registren 2.2 feminicidios por semana y que siga operando la red de trata de personas en la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, pone en evidencia que “las estrategias que se están aplicando para controlar esta situación que vulnera a poco más de la mitad de la población está siendo fallida”.
Y si bien consideró que una alerta de género podría no ser la solución automática para este problema, que deriva de cuestiones estructurales y sociales, Rivero Vivanco comentó que serviría “como un cinturón, para contener la situación mientras se implementan otras medidas”.
A esta opinión se sumó el abogado defensor de derechos humanos René Sánchez Galindo, quien indicó que con el homicidio de Mara Castilla la FGE “quiere tapar el sol con un dedo”, pues mientras este caso se resolvió en una semana, hay cientos que siguen sin atenderse, sobre todo aquellos en los que podría haber relación con trata de personas.
“[Víctor] Carrancá comprueba que es el ‘fiscal carnal poblano’, que fue el beneficiario del pase automático poblano, pero no le creemos nada, porque en la pasada administración se dedicó a crear pruebas falsas”, espetó Sánchez Galindo.
Ante esto, anunciaron la realización de una auditoría de género a la FGE para verificar que ésta cumpla con los protocolos y lineamientos para la atención de casos de violencia de género y crímenes de odio.
Para esto se presentarán una serie de solicitudes de información en las cuales se requerirán datos estadísticos “sobre hechos delictuosos de los que hayan tenido noticia que incluyan indicios sobre violencia contra las mujeres, de género y crímenes de odio”, Rivero Vivanco.
Dentro de la información requerida destaca cuántas investigaciones por delitos de género se han iniciado, en cuántas se han ejercido acción penal y vinculación a proceso, qué protocolo de investigación se aplica, cuántas medidas de protección se han emitido a favor de las víctimas y cuáles han sido los resultados de la Fiscalía Especializada en Género que entró en operación en 2016.
Rivero Vivanco puntualizó que una de las motivaciones principales de esta auditoría radica en que las cifras que presume Víctor Carrancá sobre los crímenes en contra de las mujeres no coinciden con los registros que llevan las organizaciones sociales y académicas, lo cual demuestra que “no hay un procedimiento claro, no hay un peritaje de género”.
