PUEBLA, MÉXICO.- Pese a la situación precaria que viven las personas internas en los Centros de Reinserción Social (Ceresos) del estado de Puebla, la mayoría de los reos reconocen no tener forma de denunciar los abusos o problemas que se dan al interior de las cárceles.
De acuerdo con cifras retomadas de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “el 95.2 por ciento mencionó que no cuentan con los mecanismos y elementos para interponer una denuncia, peor aún, no tienen la certeza de que su queja sea investigada o que vaya ser sancionada por parte de las autoridades”.
Esto lo señala la senadora Lucero Saldaña Pérez en un punto de acuerdo que presentó ante el Senado de la República en el cual denuncia las problemáticas que vive la población penitenciaria en la entidad.
Otro dato de la encuesta del Inegi que fue retomado por la legisladora priista refleja que tres mil 734 reos afirmaron haber sufrido actos de corrupción, abusos, agresiones, amenazas y omisiones al debido proceso desde que fueron ingresados en la cárceles poblanas, siendo el penal de San Miguel uno de los de mayor riesgo pues en éste cerca de la mitad de los internos acusaron que los custodios cobran para brindarles protección.
SOBREPOBLACIÓN
Pero este no es el único problema de los Ceresos de Puebla, pues la entidad registra una de las tasas de sobrepoblación penitenciaria más alta del país, ya que se tiene capacidad para tener a cerca de seis mil personas en la cárcel pero en la actualidad se superan los ocho mil, siendo los centros de Tepeaca, San Pedro Cholula y Atlixco los de mayor hacinamiento.
Además, Saldaña Pérez señala en el punto de acuerdo que “se ha documentado en los centros penitenciarios de Tepeaca, Ciudad Serdán, Acatlán de Osorio, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Huejotzingo, situaciones de insalubridad en espacios de estancias, comedores y cocinas, asimismo, se ha denunciado la falta de medicamentos, carencia de personal médico y nulos procesos de acompañamiento psicológico”.
Todo esto, argumenta la militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), representa una violación clara no sólo a los derechos humanos de las personas que purgan una pena en las cárceles del estado, sino que va en contra del propio Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla, por lo que es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto.
Con estos argumentos, la senadora solicitó que se exhorte al gobierno de Puebla para que se implementen mecanismos y programas para prevenir tanto los actos de corrupción y las vulneraciones a los derechos humanos en las cárceles “debido a denuncias de extorsiones, violaciones físicas y trasgresiones al debido proceso”.
