PUEBLA, MÉXICO.- El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Manuel Alonso García, intentará aplicar en la capital poblana un programa que puso en marcha cuando ocupaba el mismo cargo pero San Andrés Cholula.
Lo denomina “cuerpos de seguridad ciudadana” y consiste básicamente en la recontratación de aquellos policías que fueron dados de baja tras no aprobar las pruebas de control de confianza para incorporarlos a labores de vigilancia en colonias que presentan altos índices de robo a casa habitación y robo de autopartes.
Así lo manifestó el funcionario durante una reunión que sostuvo recientemente con regidores del ayuntamiento, les informó que se contrataría a los expolicías que no aprobaron las pruebas de control por problemas de salud o por no poder comprobar cierto nivel de estudios o bien por situaciones no graves.
Sin embargo, omitió comentar que las autoridades actualmente no son notificadas de las razones por las que los uniformados no aprueban las pruebas de control de confianza, simplemente son informados del resultado, lo que constituiría un problema al momento de la recontratación.
Los argumentos centrales de Manuel Alonso, comentaron fuentes cercanas a la información que ahí se vertió, son que dar de baja a personas que tienen conocimiento del manejo de armas y conocimiento de operaciones policiales resulta incluso riesgoso para cualquier ciudad puesto que existe la posibilidad de se vinculen a grupos criminales, además de que hay un déficit de policías y estos cuerpos de seguridad ciudadana pueden ayudar a evitar que eso se resiente sobremanera.
Incluso ya hay una propuesta del monto que deberían ganar los integrantes de esta corporación: entre 7 y 8 mil pesos mensuales. Es decir, más de lo que gana un vigilante de una empresa particular, pero menos de lo que gana un policía municipal de menor rango.
La propuesta incluso es bien vista por el presidente municipal, Luis Banck Serrato, y los primeros trabajos para ponerla en marcha se realizaron el viernes pasado cuando en sesión de Cabildo se acordó que las comisiones de seguridad pública y patrimonio sesionen conjuntamente para abordar el tema.
Esto tiene la intención de conocer cómo salvar el que en apariencia sería el único inconveniente para aplicar el programa que propone Alonso Garcia; el presupuesto, es decir cuántos vigilantes podrían ser contratados y cómo obtener los recursos.
