PUEBLA, MÉXICO.- A lo largo de 2016, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla recibió mil 316 quejas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos, siendo las instancias dedicadas a la seguridad las que más fueron señaladas en estas denuncias.
Tan sólo la Fiscalía General del Estaco concentró 319 quejas en todo el año, es decir uno de cada cuatro reportes fueron en contra del organismo que encabeza Víctor Carrancá Bourget; además, 169 fueron dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública.
Esto se incluye en el informe de labores de Adolfo López Badillo como presidente de la CDH, en donde se indica además que en las quejas presentadas destacaron como los derechos más vulnerados los de seguridad jurídica, integridad personal y trato digno.
Previo a la presentación del informe, el ombudsman destacó que la comisión mantiene una vigilancia permanente para que se fortalezcan la intervención de las fuerzas de seguridad con apego y respeto a los derechos humanos, en particular en el contexto de inseguridad que se vive en la entidad.
“La seguridad pública también es un derecho humano, y las autoridades deben tomar todas las acciones para garantizar que no se vulnere la integridad de las personas ni su patrimonio, en el combate a la delincuencia”, indicó López Badillo.
Por esto, insistió que si bien se está a favor de que haya un combate frontal a la delincuencia, es necesario capacitar a los servidores públicos para evitar abusos en estas acciones.
CIUDAD DE PUEBLA ENCABEZA LAS QUEJAS
Dentro del documento que presentó el presidente de la CDH además se indica que el municipio de Puebla fue el que concentró el mayor número de quejas en 2016, con 75 expedientes abiertos por presuntas violaciones a los derechos humanos, seguido por San Pedro Cholula y Teziutlán que registraron 72 cada uno.
Además se reporta que a lo largo del año se emitieron 11 recomendaciones, de las cuales cuatro fueron para la FGE, dos para el municipio de Teziutlán.
En contraste, en el año se lograron 36 conciliaciones, siendo una vez más la Fiscalía la que concentró el mayor número de expedientes cerrados por esta vía, con ocho resoluciones de este tipo.
Ante esto, López Badillo señaló que no se debe evaluar la efectividad de un organismo garante de derechos humanos por el número de recomendaciones que se emiten, pues durante su gestión se ha trabajado de manera primordial en la prevención de violaciones a los derechos humanos.
Cabe señalar que las conciliaciones representan acuerdos entre las partes involucradas en un determinado caso para garantizar que se restituyan los derechos vulnerados a los quejosos.
Otro de los puntos que destacan en el informe del ombudsman es que en 2016, se dio acompañamiento a 88 marchas, plantones, traslados y otro tipo de diligencias para “observar el respeto a los derechos humanos de las y los participantes”.
