PUEBLA, MEXICO.- Integrantes de El Taller A.C. han sido objeto de amenazas por parte de familiares de una joven que buscó asesoría con la organización debido a la situación que vive por su orientación sexual, por lo que se solicitó a las autoridades que se garantice su protección.
El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) emitió un oficio de Acción Urgente dirigido a organismos estatales, nacionales e internacionales para que se proteja a las activistas ante la escalada en las amenazas que han recibido en las últimas semanas.
En el documento se narra que el 19 de mayo, se acercó a la agrupación una joven que fue corrida de su casa por sus familiares debido a su orientación sexual, por lo que se le dio apoyo y alojamiento en lo que se mejoraba su situación.
Desde entonces los familiares de la víctima han amenazado de manera constante a las representantes de El Taller, e incluso el 24 de junio pasado llegaron de manera violenta a las oficinas de la asociación, que se encuentran en la colonia El Carmen, y con gritos las amenazaron con que “van a pagar por haber cambiado a su hija y que no saben quiénes son”.
Ante esto, Gabriela Cortés, Mónica Ponce y Rubí Cervantes recurrieron a la Fiscalía General del Estado para pedir que se emitan órdenes de protección para ellas y las instalaciones de la agrupación, pues temen que las amenazas suban de tono.
“Tememos por nuestra integridad física, así como tememos por la seguridad de nuestros espacios. Consideramos que esta es una lucha de todos los días y estamos resistiendo” publicaron las activistas en la cuenta de Facebook de El Taller luego de presentar la denuncia ante la Fiscalía de Atención de Delitos de Género de la FGE.
Por esta razón, el IDHIE llamó tanto a la Fiscalía como a la Comisión de Derechos Humanos del Estado y al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a que se investiguen a fondo las amenazas que han sufrido las activistas, quienes trabajan principalmente con mujeres lesbianas y bisexuales, además de que se implementen acciones para garantizar su protección; el documento además va dirigido a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
