PUEBLA, MÉXICO.- En la última semana, dos reporteros han sufrido los embates de funcionados de la autoprocalamada “Ciudad de Bien”, quienes han tomado acciones en contra de los periodistas en pleno ejercicio de su profesión, lo cual ya ha generado reacciones a nivel nacional.
Fue a principios de la semana que trascendió que Ignacio Molina Huerta, secretario general del ayuntamiento de San Pedro Cholula, presentó una demanda de daño moral en contra del reportero Mario Galeana por un reportaje que publicó en el periódico 24 Horas Puebla, en donde denunciaba la existencia de una red de empresas fantasma que habían sido contratadas en la administración del alcalde José Juan Espinosa Torres.
La demanda le fue notificada a Galeana en las oficinas del diario el viernes 9 de junio, teniendo como primera fecha de audiencia de conciliación el jueves 15; de acuerdo con información publicada en el periódico de circulación local, la denuncia se dio sin que el funcionario hubiera hecho uso de su derecho de réplica, lo cual genera dudas acerca de la intensión de la misma.
Esto pues el reportaje por el cual se inconformó el colaborador de Espinosa Torres –a quien ha acompañado en su carrera política desde que fue diputado en el Congreso local- fue publicado el 8 de marzo de este año, es decir, tardó tres meses en acusar las afectaciones que éste le ha ocasionado.
El día de la audiencia Molina Huerta llegó acompañado por funcionarios del ayuntamiento –pese a que la demanda la hizo como en su calidad de ciudadano y no como servidor público- quienes intimidaron a Galeana y a los colaboradores de 24 Horas Puebla que habían acudido a tomar registro de la reunión.
Posterior al encuentro, el reportero compartió en su cuenta personal de Twitter fotografías de algunas secciones de la demanda, en donde se observa los argumentos con los que Molina Huerta justifica el supuesto daño moral: “he sido víctima de gritos en la vía pública de San Pedro Cholula, de distintas personas, las cuales me llaman ‘ratero’, ‘corrupto’ y demás palabras y señas altisonantes, lo cual me ofende y me hace sentir sumamente mal, dada mi reputación y nombre”.
Ante esto, la revista Opción, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), emitió un editorial manifestando su apoyo a quien también es colaborador de dicha publicación, en donde exige “a Ignacio Alejandro Molina Huerta no continuar con el proceso en contra de Mario Galeana. Exigimos al gobierno de Puebla y al ayuntamiento de San Pedo Cholula que garantice la seguridad de Mario Galeana y que proteja la libertad de expresión en su más amplio sentido. Pero, sobre todo, le exigimos a la sociedad que se sume a la indignación ante el ataque a uno de sus defensores”.
El caso ya fue atraído por la organización Artículo 19, que emitió una alerta por la persecución en contra de Galeana, pues la serie de publicaciones hechas en donde se señalan las anomalías de la administración cholulteca están amparadas bajo el ejercicio del oficio periodístico, y los funcionarios “deben tener un umbral de tolerancia mayor hacia el trabajo de la prensa en tanto que se encuentran inevitablemente sometidos a un escrutinio social mayor que otras personas”.
Por esto le solicitaron a Molina Huerta que desista de la demanda, y que el ayuntamiento dé las garantías para el desempeño de la labor periodística.
Sin embargo, un día después del llamado de la organización internacional otro reportero fue víctima de los funcionarios de San Pedro; Alberto Melchor fue detenido por policías municipales al dar cobertura a una ejecución que se dio en un fraccionamiento, argumentando que los familiares de la víctima habían pedido su arresto.
El joven fue esposado y llevado en una patrulla a las instalaciones de la Comandancia municipal, pero fue a raíz de las denuncias que se hicieron vía redes sociales que el propio alcalde ordenó su liberación, y por medio de un vídeo difundido en Twitter explicó la situación (https://leviatan.mx/2017/06/16/policia-municipal-detienen-a-reportero-lo-acusan-de-alterar-escena-de-crimen/).
Pese a esto, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla inició una queja de oficio por la detención del reportero, por lo que se harán las investigaciones correspondientes para determinar si hubo una violación a sus derechos fundamentales.
