PUEBLA, MÉXICO.- En los próximos días entrará en vigor una modificación al Código Reglamentario Municipal (Coremun) que norma las presentaciones de los llamados “artistas urbanos” en la capital poblana. Ello ha generado una polémica en torno a las posibilidades a que esto restrinja la libertad creativa y al uso del espacio público.
La nueva norma surgió al interior de la Comisión de Turismo presidida por el regidor Miguel Méndez, presidente de la misma, y entre las modificaciones sustanciales plantea la creación de un “comité” –la propuesta tenía el concepto de “jurado” pero fue cambiado- que aprobará o negara el permiso para que los artistas ofrezcan un espectáculo en la calle.
El dictamen aprobado con un solo un voto en contra el viernes pasado en el Cabildo establece que dicho comité estará conformado por cinco miembros, dos de los cuales serán representantes del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) y dos serán ciudadanos o académicos o incluso funcionarios pues sólo existen cinco restricciones para ocupar estos tres puestos: no tener antecedentes penales, no ser titular de dependencia gubernamental, no ser ministro religioso, “acreditar experiencia” y tener una labor destacada en el ámbito artístico.
Quienes deseen instalarse en la calle para ofrecer un espectáculo deberán acudir ante este comité presentarlo y éste determinará su calificación mediante las siguientes opciones: “ AA- muy bueno”; “A-bueno”; “B-Aceptable”, “C-Capacitación Obligatoria”. Quienes obtengan la calificación C deberán ser capacitados por IMACP y posteriormente repetir la prueba.
Además, los nuevos lineamientos establecen impedimentos para los artistas muy específicos: “deben evitar usar un lenguaje violento, ofensivo o discriminatorio”; “no deberán usar armas de fuego u objetos punzocortantes”; no deben utilizar sustancias inflamables, no deben estar bajo el influjo del alcohol u otras “sustancias prohibidas”, y no pueden utilizar a niños, animales o plantas.
Tras contar con la eventual aprobación deberán pagar un permiso cuyo costo es de 37 pesos por día para poder instalarse en la calle. Cabe mencionar que este cobro ya existía en el Coremun, no se trata de un nuevo cargo o un cambio a la Ley de Ingresos.
Fuentes cercanas a este tema comentaron que el objetivo de esta normativa era regular las actuaciones principalmente del grupo de payasos que se instalaban anteriormente en el zócalo de la ciudad, algunos de los cuales están adheridos o por lo menos reciben el respaldo de Antorcha Campesina a través de su brazo Antorcha Comercial. Ello porque el ayuntamiento recibió quejas sobre los espectáculos en el sentido de que son ofensivos o inapropiados para los niños.
También se buscó evitar que charlatanes se instalaran en la calle solicitando dinero a cambio de supuestamente adivinar el futuro o el pasado u otras argucias similares.
El viernes pasado incluso el presidente municipal, Luis Banck Serrato, defendió esta nueva normativa al afirmar que “regular no es prohibir”.
Sin embargo la propuesta no ha sido bien recibida en algunos sectores de la sociedad vinculados con la vida artística de la ciudad.
“Los espacios públicos en constante metamorfosis se resignifican con el paso del tiempo, en ellos muchos artistas urbanos, callejeros democratizan su arte, los transforman en espacios de convivencia ciudadana. No obstante, algunas prácticas culturales, como las de cantautores, interpretes, estatuas vivientes, performers, músicos académicos, payasos, mimos, teatro callejero, grafitteros entre otros, son vistos de reojo clasista”, ha escrito el locutor Óscar López en su cuenta de Facebook.
Añadiendo: “La administración de Luis Bank, que pretende cobrarles impuesto a los marginales, minoritarios, residuales, como peyorativamente los nombran en el nombre de su sacrosanta administración, y ” educarlos” en nombre de las “buenas costumbres” más lo que mande el Señor esta semana. ¿Quiénes son, bajo qué criterios y capacidad tienen los evaluadores? No tienen una propuesta para frenar la violencia en la ciudad, pero pretenden cobrar impuesto a quienes dan vida a los espacios públicos. Vulneran sus derechos a quienes ya desde hace tiempo sufren persecución policiaca, y son multados por el uso de estos sitios, que no son propiedad privada”.
El mismo viernes, mientras esto se discutía en el Cabildo hubo una protesta frente al Palacio del Ayuntamiento y pese a ello la propuesta fue aprobada.
