PUEBLA, MÉXICO.- A más de un año de que se presentó en el Congreso del Estado la iniciativa de la Ley Agnes Torres, con la cual se busca el reconocimiento de la identidad sexogenérica de las personas transgénero en Puebla, el tema no ha avanzado, lo cual representa un validación legislativa para que sigan los actos de discriminación hacia este sector de la población, acusaron activistas.
La falta de reglamentación a respecto, que permitiría que personas transgénero puedan sacar sus documentos oficiales, como actas de nacimiento, con su nueva identidad -es decir, si se reconocen como hombres o como mujeres sin importar el sexo con el que nacieron-, pone a este grupo en una situación vulnerable y son más propensas a ser discriminadas en sectores sociales y laborales.
Este no es el único tema que está pendiente en la agenda de la comunidad LGBTTTI, pues desde septiembre de 2015 la diputada Socorro Quezada Tiempo del Partido de la Revolución Democrática -quien también presentó la iniciativa de la Ley Agnes a nombre de organizaciones sociales- no se ha dado salida al tema de la legalización del matrimonio igualitario.
Estas omisiones fueron señaladas en una queja que presentaron un grupo de 20 personas ante al Comisión de los Derechos Humanos del Estado en el marco del Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, con la cual esperan que el ombudsman al fin se posicione sobre estos temas, en particular porque la de Puebla es la única comisión a nivel nacional que se no se ha manifestado en relación al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Onan Vázquez, representante de la organización No Dejarse Es Incluirse, señaló que si bien en general estas omisiones afectan a toda la comunidad, son las personas trans las que sufren de manera cotidiana diversos tipos de violencia, desde económica hasta de género.
Esto, dijo, responde en parte a que no hay verdaderas políticas de sensibilización por parte de las autoridades, lo que hace que no haya un respeto hacia las personas sin importar su condición.
Y si bien el Consejo Nacional contra la Discriminación sólo reportó 20 casos de discriminación de 2011 a la fecha (https://leviatan.mx/2017/05/17/conapred-registra-20-casos-de-homofobia-en-puebla/ ), Vázquez dijo que esto no implica que haya poca discriminación o que no haya, sino que más bien no hay una cultura de la denuncia porque la mayoría de las personas que sufren tratos desiguales no confían en las instituciones.
“Las personas trans son, de toda la escala de la comunidad LGBTTTI, las que están en la situación de mayor vulneración, no tienen oportunidades de desarrollarse o de vivir fuera de la violencia, además que es donde se da el mayor porcentaje de crímenes de odio”, lamentó el activista.
Uno de estos casos es el de Zaira Yaretzi Martínez, activista trans originaria de la zona de Izúcar de Matamoros e integrante de Trans Global Puebla, quien describió que el hecho de no tener documentos que reflejen la identidad de las personas en transición implica riesgos de diferentes tipos.
Por ejemplo, dijo que si bien ella cuenta con credenciales con su identidad de hombre, ha sido objeto de robos en su domicilio donde lo que sustraen son sus documentos oficiales, los cuales son escaneados y copiados, con el aparente objetivo de robar su identidad.
Además, dijo que el hecho de no tener papeles hace que sea complicado encontrar trabajo pese a haber estudiado, pues en su caso con una licenciatura en Administración de Empresas, cursos de dos años en Contabilidad y en Ingles y Computación no la contratan como mujer, y los únicos trabajos formales que ha logrado conseguir son como hombre, situación que la ha orillado, así como muchas otras personas que pasan por la misma situación, a dedicarse a la prostitución.
“Como no tenemos trabajo fijo nos dedicamos muchas a dar sexoservicio, ahí sufrimos mucha discriminación, no nada más en la región de Izúcar de Matamoros, yo digo que en todo el estado de Puebla, anteriormente nos detenían simplemente por vestida en la calle ya fuera de día o de noche” lo cual, dijo, es un gran acto de discriminación.
Esta parte, continuó, es la que no ven las autoridades, pues no se dan cuenta de que ocasionan un problema social grave pues además esta vulnerabilidad ha ocasionado que sea agredida por sus propios vecinos.
