Diputados desarmonizaron marco legal de transparencia: abogado

La reforma constitucional que aprobaron esta semana los diputados locales para la conformación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla llegó tarde, mal y sin necesidad, comentó el abogado Juan Bosco Rosillo Martínez, integrante del Nodo de Transparencia.

El especialista explicó que, en primer lugar, si lo que se buscaba con esta modificación era fortalecer al organismo de transparencia en el estado, ésta se debió hacer cuando se indicó por mandato constitucional, es decir hace más de un año y medio.

Fue el 7 de febrero de 2014 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional con el cual se hicieron ajustes al sistema de transparencia a nivel nacional, entre estas la modificación al artículo 116 en donde se indicó que todos los estados deberían tener organismos autónomos, especializados e imparciales para la vigilancia de la transparencia.

En esa ocasión se dio un plazo de un año a los estados para homologar sus constituciones al marco federal, sin embargo en el caso de Puebla se incumplió esta reforma, lo cual se intentó reponer con la modificación que se aprobó el pasado martes, comentó el abogado.

Autonomía desde 2012

Pese a esto, recordó que la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) ya contaba con autonomía reconocida en la Ley de Transparencia que entró en vigor el 1 de enero de 2012, pues recordó que dicha norma se adelantó a algunos de los puntos de la reforma constitucional incluida la independencia de los organismos garantes.

“De ahí que lo que dice el Congreso y lo que dice su presidente es falso por dos razones, el organismo ya era autónomo por ley, además de que no es que estén cumpliendo con la nueva Ley, sino que incumplieron con la reforma constitucional desde el 8 de febrero de 2015”, puntualizó.

A esto se suma el hecho de que la reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado genera una contradicción con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente desde el 4 de mayo en el estado, pues por ejemplo ésta indica que sólo era necesario el cambio de nombre de CAIP a Instituto de Transparencia y no la creación de un organismo nuevo.

Es más, de acuerdo con los transitorios de la ley, continuó el especialista, el Instituto existe desde el momento en que entró en vigor ésta, pues se refiere que toda disposición que contravenga lo que se estipula en ella queda derogado, es decir desde el 5 de mayo debería haberse cambiado el nombre del organismo pues la CAIP dejó de existir.

“Si ya era un organismo autónomo y lo único que se hizo fue reproducir lo que dice el sexto constitucional, no se da ninguna atribución nueva ni se crea un organismo”, insistió Rosillo Martínez.

Además, en los mismos transitorios se indica que todos los empleados de la CAIP deberían seguir en su cargo, lo cual cubría a los propios comisionados.

“Están haciendo una desarmonización total de lo que ya existe, para hacer esta reforma debieron haber reformado la ley no sólo la Constitución porque entonces hay una contradicción de normas” continuó, pues incluso con el ajuste de los períodos de duración de los comisionados que serán electos en las próximas semanas se generan lineamientos distintos.

Esto pues en la ley se indica que será cada año par cuando se elijan a comisionados, pero en los transitorios de la reforma constitucional se estableció que, por única ocasión éstos durarán en el cargo 4, 5 y 6 años, es decir las próximas renovaciones serán en 2021, 2022 y 2023.

Por esta razón consideró que los diputados cometieron “un fraude a la ley”, pese a que ellos deben ser los primeros que deben respetar las normas que crean, y que pareciera que para ellos “es un juego estar reformando leyes”.

Comentó que esto sucede por dejar las reformas hasta el último minuto, pues si la homologación de la Constitución y de la Ley de Transparencia se hubieran hecho con tiempo, se hubiera podido llevar a cabo la renovación total de los comisionados de manera legal, pues en un escenario de este tipo sí hubiera sido adecuado.