Diputados han emitido tres exhortos para atender feminicidios en Puebla

En los últimos tres años, el Poder Legislativo federal ha aprobado al menos tres exhortos para que el gobierno del estado de Puebla tome acciones para atender la situación de los feminicidios en la entidad, los cuales han sido presentados por legisladoras de oposición.

Además, se tiene registro de otros cinco puntos de acuerdo ingresados de 2013 a la fecha en los cuales se describe la situación de los homicidios contra las poblanas, aunque de éstos dos han sido desechados, dos están en proceso y uno más fue retirado por la diputada ponente.

De acuerdo con la información disponible en el portal de la Cámara de Diputados, el primer punto que ingresó en el cual se denunció la situación de violencia feminicida en Puebla fue el 30 de marzo de 2013 firmado por las priístas Rocío García Olmedo Laura Guadalupe Vargas Vargas, y desde entonces ya se hablaba de un aumento en el número de asesinatos de mujeres.

Luego de hacer una descripción de la evolución del marco jurídico a nivel federal y local, las priístas indican que desde 2005 “se han contabilizado más de 445 casos de homicidios dolosos de mujeres”.

“El asesinato de una mujer suele ser el desenlace de múltiples agravios como la tortura, la esclavitud sexual (prostitución), el incesto, el abuso sexual, la agresión psicológica, el hostigamiento sexual, la violación y la privación de la libertad, entre otras, que enuncian la barbarie de la dominación masculina” indican las diputadas en el documento en el cual se propone exhortar al titular del Poder Ejecutivo de Puebla, al titular de la entonces Procuraduría General de Justicia que se tomen las medidas necesarias para castigar los homicidios de mujeres, además de que se elabore “un informe público y detallado sobre las medidas aplicadas y las de carácter preventivo respecto a la creciente cifra en delitos de feminicidio cometidos en el estado, así como también para que consideren, desarrollen y ejecuten la creación de un programa estatal de prevención y atención especializada en esta misma dirección”.

Para el 29 de mayo del mismo año, la Primera Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el exhorto para las autoridades del estado de Puebla.

Tipificación no bajó incidencia

Posteriormente, para el 30 de abril de 2014, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Ana Isabel Allende presentó un documento parecido, en el cual detalla que aunque en noviembre de 2012 se tipificó el delito de feminicidio en Puebla “diversos especialistas en el tema coinciden que la reforma a la ley es un gran avance para la sociedad y el estado, pero aún tiene deficiencias e imprecisiones y si estas no se corrigen, se podría permitir una mala integración de las averiguaciones previas y como consecuencia la liberación de los homicidas”.

Además menciona que en la mayoría de los 54 asesinatos de mujeres registrados entre enero de 2013 y febrero de 2014 los agresores golpearon a las mujeres antes de matarlas, además que hubo casos en las que las víctimas “fueron violadas por dos o más sujetos, otras fueron apuñaladas, baleadas, decapitadas y mutiladas”.

Con esto proponía solicitar al gobernador Rafael Moreno Valle, al procurador Víctor Carrancá Bourget y al entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, que se dieran a conocer las acciones implementadas para prevenir, combatir y disminuir los feminicidios en el estado de Puebla, además de que se combatiera este delito y evitar que queden impunes.

La Comisión de Igualdad de Género dictaminó el exhorto el 15 de mayo de 2014 y al ser presentado en el pleno legislativo fue aprobado por unanimidad de votos, y remitido al gobierno del estado.

Piden sanción por feminicidio de Olga Nayely Sosa Romero

A diferencia de los puntos presentados por las priístas, el documento que presentó el 26 de marzo de 2015 la diputada y excandidata a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, se enfocaba a un caso particular de una de las víctimas de feminicidio en la entidad: Olga Nayely Sosa Romero.

En el punto de acuerdo se hace un resumen del caso de Olga Nayely, quien el 9 de junio de 2014 fue reportada como desaparecida por su esposo, Moisés Torres López, quien después de que se encontraron los restos de ella confesó haberla golpeado con un marro hasta matarla para luego descuartizarla para poder enterrar su cuerpo en un terreno en Huaquechula.

Pese a la confesión del feminicida, detalla Luna Porquillo en el documento, hasta casi un año después no había sido sancionado al ser protegido por su tío Manuel Nicolás Ríos Torres, quien es magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del estado.

Con este caso la diputada ejemplificó no sólo la situación difícil de las mujeres en el estado, sino el grado de impunidad que hay en torno a estos casos pues incluso señala que entre 2012 y 2014 sólo se había emitido una sentencia por este tipo de delitos.

“Hoy la entidad de Puebla es un lugar peligroso para las mujeres. El estado poblano está enfrascado en un aparato institucional machista, autoritario, patriarcal y represivo que no respeta la vida ni la dignidad de las mujeres, que viola sistemáticamente sus derechos humanos siendo omiso y negligente”, finaliza el punto de acuerdo.

De manera puntual la perredista requería que se exhortara a la fiscalía a investigar a fondo el caso del feminicidio de Olga Nayely y que el TSJ emitiera las sentencias correspondientes por este hecho, además de que los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia realizaran un diagnóstico sobre las desapariciones de mujeres en el estado para ubicar las zonas de riesgo, además que la Secretaría de Gobernación (Segob) analizara la posible emisión de una alerta de género para la entidad.

El documento fue retomado por el senador Luis Sánchez Jiménez quien lo presentó el 24 de junio de 2015 en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y aunque se solicitaban los mismos puntos, sólo se aprobó en la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública la realización del diagnóstico de las desapariciones de mujeres para Puebla, Morelos y el Estado de México.

Los otros puntos de acuerdo

Si bien estos puntos de acuerdo lograron convertirse en exhortos a la autoridad estatal, aunque no hayan sido cumplidos hasta el momento, hay casos en los que las peticiones hechas por los legisladores no prosperaron.

Tal fue el caso de un oficio elaborado por Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila de Movimiento Ciudadano, quienes el 2 de diciembre de 2014 solicitaron que la Segob declarara una alerta de género para Puebla, por la situación de desaparición de mujeres, feminicidios y la alta incidencia de trata de personas en la entidad, por lo que “la violencia que enfrentan las mujeres en Puebla es una sunto de emergencia nacional; como legisladores y legisladoras debemos asumir y trabajar en aras de su erradicación”.

Casi de manera paralela, el 11 de diciembre, la diputada perredista Margarita Elena Tapia Fonllem presentó un exhorto parecido, pidiendo la declaración de la alerta de género para Puebla y que la PGJ detuviera al feminicidia de Araceli Vázquez Barranco.

La muerte de Araceli se dio el 13 de noviembre de 2013 en Acajete, cuando su exnovio Javier Mauricio Díaz la apuñaló en el baño de su casa, después de haberla acosado por seis meses; si bien la madre de la víctima llevó a policías para que hicieran el arresto del culpable en el momento, los uniformados argumentaron que “no tenían la orden” de realizar la aprehensión, a pesar de tener el cuerpo de la joven, con lo que el homicida se dio a la fuga.

Ambos puntos de acuerdo fueron desechados por los legisladores sin que se tenga el registro de las razones que se dieron para dar el voto negativo en ambos casos.

Otro de los documentos que no logró su cometido fue el que presentó Maricela Contreras Julían,d el PRD, el 15 de marzo de este año, con el cual pedía que el gobierno de Puebla implementara acciones para prevenir y erradicar los feminicidios en el estado, aunque este fue retirado por la misma ponente.

Hay otros dos puntos de acuerdo presentados por diputados del PRD que siguen bajo estudio en comisiones al interior del Congreso, uno que data del 9 de febrero de 2016 firmado por Omar Ortega Álvarez, quien retomó la petición hecha casi un año antes por Roxana Luna Porquillo para exigir que se investigue y sancione la muerte de Olga Nayeli Sosa Romero; el otro fue ingresado por María Cristina Teresa García Bravo el 8 de marzo siguiente, con el cual pide al Consejo Estatal de Seguridad Pública y a la Fiscalía de Puebla que se tomen las medidas necesarias para investigar, prevenir y castigar los feminicidios en el estado.