Romero Razo será restituido como juez después de seis años

PUEBLA, MÉXICO.- Seis años y dos meses le tomó a Enrique Romero Razo ganarle al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que lo echó de su cargo como juez de primera instancia en enero de 2011. El pasado 14 de febrero, en una votación de 21 contra uno los magistrados del Pleno, máxima instancia del Poder Judicial del Estado, decidieron restituirlo y ordenaron que se le paguen todos los salarios y prestaciones que debió recibir durante el tiempo que estuvo fuera, según consta en el oficio 1209 firmado por el presidente de este poder Roberto Flores Toledano.

Romero Razo fue destituido tras interponer una queja administrativa por el representante legal de Francisco Bernat Cid, mientras éste mantenía una disputa por el control administrativo del equipo de futbol de primera división Puebla FC con Ricardo Henaine Mezher. Dicha controversia legal fue resuelta meses después cuando ambas partes llegaron a un acuerdo.

El juez destituido argumentó públicamente desde enero de 2011 que su salida estaba fundada en motivaciones políticas porque que la queja, en su caso, sólo debió resultar en una amonestación pero no en la destitución, toda vez que no acumulaba faltas en su currículum como servidor público. Ante esto emprendió una batalla legal contra el Pleno del TSJ, llevando su caso ante juzgados federales que le concedieron amparos desde el 2012, que sin embargo, no eran acatados por las autoridades locales que insistían en que la destitución era la sanción que merecía legalmente.

GOLPE DE TIMÓN

El cambio ocurrió a inicios de este año cuando el Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa reconoció la terquedad en que incurría el Pleno del TSJ, al considerar que de manera persistente se negaban a cumplir con una sentencia de amparo emitida por el Juzgado Quinto de Distrito, y en la resolución les informa a los magistrados poblanos que la actitud legal que mantenían se haría del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en su caso iniciara el proceso de destitución de todos ellos por no cumplir con el fallo judicial.

“Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que de no dar cumplimiento en la forma y términos señalados, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 267, fracción I de la Ley de amparo”, señala la resolución. Y se añade: “Remítanse los autos a los autos a los Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Hace un par de semanas Romero Razo, con esta resolución en mano, salió ante los medios a advertir que en caso de que no se cumpliera con la sentencia de amparo a su favor los magistrados podrían ser destituidos, lo que implicaría que la máxima instancia del Poder Judicial del Estado se quedara acéfala. El Pleno del TSJ respondió a las autoridades federales que dos magistrados elaborarían un proyecto para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que la instancia encargada de hacerlo, por el momento, no cuenta con un titular.

El Juzgado Quinto de Distrito les reviró mediante el expediente con fecha 09/02/17 al asegurar que sólo estaban prologando de forma evasiva dar cumplimiento al mandato judicial:

“Los argumentos que anteceden constituyen sólo un retraso por medio de evasivas de la citada autoridad que no deben ser tomados en cuenta para el cabal cumplimiento de la ejecutoria”.

Finalmente, el pasado 14 de febrero, el mismo día del informe de Flores Toledano como magistrado presidente del TSJ, el Pleno se reunió en una sesión extraordinaria y resolvió:

“Insubsistente la resolución emitida por este Cuerpo Colegiado el cuatro de octubre de 2012, dictada dentro de los expedientes acumulados de queda 106/2009 y responsabilidad administrativa 3/2009 en que se impuso como sanción la destitución del cargo de Juez de primera instancia; se deja sin efecto todas sus consecuencias, debiendo reincorporarse a Enrique Romero Razo al cargo de juez de primera instancia con adscripción al órgano jurisdiccional respectivo y satisfacer los emolumentos y demás prestaciones a que tiene derecho desde la fecha de su separación hasta su reincorporación”, según consta en las copias del oficio al que se tuvo acceso.

Hasta el momento Romero Razo no ha emitido ninguna opinión respecto a su reincorporación.