Acceso al agua ya es un derecho humano en Puebla

Puebla.- Tuvieron que pasar nueve meses y la presentación de una iniciativa por parte del gobernador electo para que el Congreso del Estado hiciera caso al reclamo social impulsado por la Asamblea Social del Agua para reformar la Constitución Política y que se considere el acceso al agua como un derecho humano.

Fue durante la sesión extraordinaria de este viernes cuando los diputados aprobaron por unanimidad de votos el dictamen, el cual pasó prácticamente desapercibido, pues aunque fue la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la que analizó la propuesta, algunos de los integrantes de ésta no tenían conocimiento de los alcances de la misma.

Aunque fue el 7 de abril cuando los miembros de la ASA acudieron al Congreso para presentar una iniciativa ciudadana acompañada por un pliego de firmas de poblanos que pedían que el agua fuera considerada como un derecho humano, la propuesta fue aplazada y hasta ignorada por los legisladores, quienes optaron por dejar de lado la iniciativa de la organización social y dejar que fuera el gobernador electo José Antonio Gali Fayad quien propusiera esta reforma constitucional, al ser una de las promesas que hizo durante su campaña política.

Así, hacia finales del tercer período ordinario de sesiones en diciembre pasado, a nombre del próximo titular del Ejecutivo estatal, la fracción parlamentaria de Acción Nacional presentó la iniciativa para modificar el artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Puebla.

Dicho artículo forma parte del capítulo “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, y refiere en concreto a las facultades de las leyes estatales, por lo que en la propuesta panista se planteó agregar una fracción adicional para contemplar la obligación de las normas locales para garantizar el derecho al agua.

La adición señala que las leyes deberán “establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

Llama la atención que el texto propuesto por los panistas -el cual no tuvo cambio alguno previo a su aprobación- es similar al que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, en donde se indica que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

El único cambio visible entre ambos textos es que en la Carta Magna federal se indica que se garantizarán “apoyos” para el acceso al agua, cuestión que quedó fuera de la reforma poblana.

Un dato que es importante señalar es que a pesar de que fue desde febrero de 2012 cuando a nivel nacional se contempló este derecho humano al agua, Puebla se esperó casi cinco años para hacer los propio.

Ante esta reforma la diputada Silvia Tanús Osorio, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, consideró que podría generar un panorama favorable, pues al volverse una obligación constitucional garantizar el acceso al agua tendrían que hacerse otras modificaciones legales que podrían regular el manejo de la empresa concesionaria del servicio de agua potable en la capital, Agua de Puebla.

Recordó que el PRI, en su momento, votó en contra de esta concesión y del esquema tarifario, pero dado que esta reforma podría generar un beneficio a los ciudadanos en esta ocasión si se apoyó la iniciativa del PAN.

Sólo falta que por lo menos la mitad de los 217 municipios aprueben esta nueva disposición constitucional en sus cabildos para que ésta pueda entrar en vigor y se hagan los demás ajustes que sean necesarios, puntualizó la priísta.