Insuficiente presupuesto para transparencia en 2017

Puebla.- Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pasará de 97 a poco más de 330 el número de sujetos obligados que deben hacer pública su información, lo cual genera un aumento considerable en las responsabilidades del nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que debe capacitar y evaluar a las entidades que rindan cuentas.

Pese a esto, dentro del Presupuesto de Egresos que presentó el gobierno del estado al Congreso esta semana sólo se etiquetaron 15 millones 350 mil pesos, lo que representa un aumento de 2.1 millones de pesos en relación a lo que ejerció el organismo garante este año.

Ante esto, si bien Javier Fregoso Sánchez, presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, consideró que el aumento es razonable, reconoció que sí podría restringir en algunos aspectos la operación del organismo.

Refirió que durante la negociación del presupuesto la comisión había requerido 16 millones de pesos, a pesar de que el presupuesto ideal para cumplir con todas las nuevas funciones y requerimientos técnicos se estima en 17 millones, por lo que se deberán hacer ajustes en cuanto a las necesidades materiales y operativas del instituto.

“Lo que quedaría restringido sería la innovación” comentó el comisionado, al señalar que dado que se entrará en un nuevo modelo de transparencia a nivel estatal y nacional este es uno de los puntos fundamentales que se deberían considerar para el funcionamiento del nuevo instituto, además de que uno de los temas centrales es el de las herramientas tecnológicas.

Como parte de las nuevas obligaciones del instituto de transparencia, éste deberá ser el encargado de albergar la plataforma digital en la que se difundirá la información proactiva de los sujetos obligados así como el sistema para la presentación de solicitudes de acceso, además de que por ley deberá apoyar a los ayuntamientos que no cuenten con capacidades técnicas para la difusión de su información pública de oficio.

Para esto se requiere la compra de un servidor especial así como la actualización de las computadoras que se tienen en la actualidad, las cuales ya están obsoletas, dijo Fregoso Sánchez.

Ante esto refirió que, para responder en lo inmediato, se comprará lo básico, en especial por la falta de recursos.

Otro aspecto que se debe atender es el del personal, pues si bien hace unos meses se aprobaron seis nuevas plazas para cumplir con algunas de las nuevas obligaciones -tres para el área jurídica y tres para Tecnologías de la Información-, serían necesarias al menos cuatro contrataciones más para tener una estructura ideal; sin embargo, con el presupuesto propuesto sólo se podrían mantener los seis contratos firmados este año.

Por esta razón, insistió que el recurso etiquetado para el nuevo instituto -que entrará en funciones en enero y que contará con tres comisionados que serán electos en las próximas semanas-, servirá sólo como un “tope básico” para arrancar con las nuevas obligaciones, tras lo cual tendrán que hacerse ajustes.