Puebla, tercer lugar en quejas contra Sedesol

La mala prestación de los servicios, omisiones que transgreden los derechos de personas mayores y negar las prestaciones de seguridad social son algunos de los actos violatorios de derechos humanos en los que supuestamente ha incurrido la Secretaría de Desarrollo Social federal en el estado de Puebla.

Esto se desprende del reporte del Sistema Nacional de Alerta de Violación de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se señala que entre enero y septiembre de este año se han presentado 14 quejas en el estado en contra de la secretaría federal por este tipo de situaciones.

Destaca que esto representa un incremento considerable de quejas en contra de la dependencia, pues durante todo 2015 se registraron sólo seis quejas en el estado de Puebla, lo que implica que en menos tiempo ya se llegó a más del doble en el número de denuncias por violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos.

Con esta cifra, Puebla es el tercer estado con más quejas en contra de la Sedesol en lo que va de este año, por debajo de la Ciudad de México que reportó 40, y Aguascalientes y el Estado de México que empataron con 27 cada uno.

En total a nivel nacional durante los primeros tres trimestres del año se registraron 178 quejas en contra de la Sedesol, que la pone como la décima dependencia u organismo federal más denunciado por los ciudadanos.

En el reporte además se indica que el hecho violatorio más recurrente es el de “obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social a que se tiene derecho”, seguido por la prestación indebida de los servicios de la secretaría, así como omitir fundar o motivar un acto de la autoridad.

Llama la atención que dentro de los hechos denunciados hay tres relacionados con acciones y omisiones que afectan los derechos de los adultos mayores, aunque no se brindan detalles sobre los casos concretos.

Además, de las 14 quejas sólo una se ha resuelto con un proceso de orientación, mientras que el resto siguen bajo estudio de la CNDH para determinar si se incurrió o no en una violación de los derechos humanos de los denunciantes.