Aprueban cuenta pública de Moreno Valle y niegan deuda oculta

Puebla.- Aún no termina el año y el gobernador Rafael Moreno Valle ya tiene aprobada su cuenta pública parcial correspondiente al período de enero a octubre de 2016, en donde no sólo se validó el ejercicio de los recursos públicos, sino que se descartó la existencia de la deuda pública oculta que ha sido denunciada en las últimas fechas.

El dictamen que se presentó en el pleno asciende a 78 mil 39 millones de pesos ejercidos en los primeros 10 meses del año, y aunque la aprobación de una cuenta pública de un ejercicio fiscal corriente pudiera levantar dudas esto es común al acercarse el cierre de un sexenio.

Esto pues justamente el 9 de diciembre de 2010 se aprobó la cuenta pública parcial del entonces titular del ejecutivo, Mario Marín Torres, con lo cual quedaron pendientes por fiscalizar los últimos dos meses de ese año y los últimos 31 días de su gestión -lo cual se repetirá en esta ocasión-.

Más allá del monto ejercido, uno de los puntos que han sido cuestionados, en particular por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional es la existencia de una deuda oculta, correspondiente a los Proyectos para la Prestación de Servicios y Asociaciones Público Privadas, contratos que a pesar de que representan un compromiso de recursos a largo plazo no se consideran como deuda.

Ante esto, la diputada Patricia Leal Islas, presidenta de la Comisión Inspectora, afirmó que en la discusión al interior de la comisión se tomó en cuenta este punto, pues el priísta Rosalío Zanatta solicitó que se explicara la situación de la cuenta pública.

Para aclarar esto, continuó la panista, se revisaron los reportes que se publican en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde los estados deben difundir la situación de sus deudas públicas, contratos a largo plazo y demás compromisos.

Además explicó que si bien hay un rubro de “pasivos” estos no se pueden considerar como deuda, sino que son los recursos que recibe el estado por parte de la federación y que debe transferir a los municipios, por lo que es un recurso que no puede manejar directamente, así que no forma parte de los compromisos de la administración estatal.

Con esto se argumentó que no hay deuda pública, pues a decir de Leal Islas, quien fue Secretaría de la Contraloría durante la actual administración estatal, si los gobiernos estatales no reportan de manera adecuada su información financiera ante la SHCP puede haber sanciones -sin embargo, al tratarse de una deuda oculta es evidente que ésta no aparecerá en reportes oficiales-.

Pese a esto, la fracción parlamentaria priísta en el Congreso local consideró suficientemente explicado el tema y votó a favor del dictamen.

Sólo Julián Peña Hidalgo y Socorro Quezada Tiempo votaron en contra del dictamen, pues en general son quienes mantienen una postura crítica en cuanto a las iniciativas y manejos financieros del ejecutivo.

Quezada Tiempo subió a tribuna para explicar su postura en contra, pues denunció que aunque las cuentas pudieran estar bien sí hay un manejo irregular y político de los recursos públicos.

Esto, continuó, pues al cierre del año se tienen retenidos 30 millones de pesos gestionados por legisladores del Partido de la Revolución Democrática para municipios gobernados por alcaldes emanados de este instituto político, y aunque se tienen los oficios de que desde mayo se hicieron las transferencias al gobierno del estado éstos no han sido entregados a los ediles.

Detalló que ha buscado dialogar con los encargados de la Secretaría de Finanzas y Administración así como de la Secretaría General de Gobierno para lograr la liberación de los recursos, pero mientras que en la dependencia que encabeza Diódoro Carrasco Altamirano le dicen que se trata de un asunto técnico que tiene que ver el área de Finanzas, en ésta le han notificado que es un tema político.

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del PRD denunció que esta retención responde a un castigo político a los alcaldes de su partido por no haber apoyado a José Antonio Gali Fayad en la pasada contienda electoral, por lo que dijo que no podía validar la cuenta pública.