Nuevo sistema de justicia penal ha costado 21 mmdp: Osorio Chong

Mérida.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que desde 2008 en que inició el proceso para contar con un nuevo sistema de justicia penal en el país, se han invertido unos 21 mil millones de pesos para ese fin y nueve de cada 10 pesos de esos recursos fueron aportados en esta administración.

Durante la inauguración del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (CIOSPOA) en esta ciudad, el funcionario federal indicó que esa inversión se realizó porque la actual administración federal está convencida de que la ciudadanía ya no puede esperar por un sistema de justicia eficiente.

“Un sistema de justicia eficaz es una de las demandas más sentidas de los mexicanos, exige a las autoridades no escatimar en la inversión de tiempo, recursos, energía y talento y porque invertir en la justicia es invertir en el bienestar de la sociedad y de las personas”, añadió.

Comentó que este gobierno ha entendido que la justicia no puede estar sujeta a coyunturas, el flagelo de la impunidad tiene que terminar y terminar ya, por ello “en estos cuatro años hemos hecho de la transformación del sistema penal, una prioridad de Estado”.

“Es una prioridad en la que trabajamos muy de cerca con las entidades federativas y ejemplo de ello, sin duda es Yucatán en donde el compromiso de su gobernador de los poderes locales y de la sociedad, permitió que fuera una de las primeras entidades en poner en marcha el nuevo sistema mucho antes del plazo constitucional”, señaló.

Así lo atestiguó personalmente el presidente Enrique Peña Nieto, al poner aquí la primera piedra de la primera fase de este Centro cuando, en ese entonces, el país vivía un momento decisivo, “porque de no haber realizado acciones de fondo hoy no estaríamos hablando de una transición palpable”.

“Recordemos que durante varios años, no se le dio a este proceso la importancia que ameritaba, pues basta decir que en el 2012, eran apenas tres entidades en las que operaba el nuevo sistema, de manera que cuando inició este gobierno teníamos que actuar y acelerar los esfuerzos”, sostuvo Osorio Chong.

“Teníamos que hacer un gran trabajo conjunto, muy de cerca con las entidades federativas, con los poderes de la Unión, gobiernos estatales, congresos locales, barras y colegios de abogados, asociaciones civiles, universidades, entre otros, y muchos de los que están aquí presentes fueron parte de ese proceso”, añadió.

Desde el gobierno de la República se otorgó un apoyo a todas las entidades por igual, para que tuvieran las condiciones de infraestructura, de tecnología y de equipo, y para que los operadores contarán con la capacitación y preparación necesarias.

“Porque el cambio más importante de este nuevo sistema, no está sólo en los edificios o en las instalaciones de cámaras, sino en la concepción misma de la justicia y en su aplicación oportuna, como respetar el debido proceso para que ya no haya culpables absueltos por errores de procedimiento”, dijo.

De igual modo, continuó, ahora es importante que las investigaciones se realicen con el rigor científico para que la confesión deje de ser la “reina de las pruebas”.

Además, que se garanticen los derechos humanos desde la imparcialidad y la presunción de inocencia, hasta la reparación integral del daño a las víctimas.

Manifestó que esa es la transformación de fondo que se está logrando con la reforma penal y por eso se mantendrá este esfuerzo que no ha sido de un día, ni de un año, porque el 18 de junio pasado fue un punto de llegada, pero también un punto de arranque.

La tarea debe continuar con una etapa de evaluación y consolidación y saber a través de indicadores precisos cuáles son los avances y los retos que se están presentando en este gran proceso de transformación para saber dónde hay fallas y que ámbitos de este nuevo sistema de justicia se tiene que fortalecer, puntualizó.

Durante el acto en el que estuvo presente el gobernador Rolando Zapata Bello, también se firmó un acuerdo entre el gobierno estatal, poder judicial y el gobierno federal para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal en Yucatán.

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