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Por caso Puebla piden mejorar procesos de alertas de género

En PUEBLA Shanik David

PUEBLA, MÉXICO.- Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitaron al gobierno federal mejorar los reglamentos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en lo que refiere a los procesos de las alertas de género, petición que se fundamenta por lo sucedido con la solicitud que se presentó en el estado de Puebla.

El punto de acuerdo fue elaborado por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, derivado de una proposición que presentó el 19 de julio la senadora Lucero Saldaña Pérez, en donde señaló algunas de las irregularidades en el procedimiento de la alerta de género para Puebla.

En el documento original, la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) hace mención del acuerdo que emitió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim) el pasado 7 de julio, por medio del cual se dieron seis meses más al gobierno de Puebla para tomar acciones para atender el tema de la violencia de género.

Si bien en el acuerdo del organismo perteneciente a la Secretaría de Gobernación federal no se considera necesaria la alerta de género, “existen pendientes para erradicar la violencia”, apuntó Saldaña Pérez, como es el que no se tienen reportes del avance en el diagnóstico de la violencia de género, deficiencias en la impartición de justicia, y no se han hecho mejoras a la infraestructura de las agencias del Ministerio Público para poder atender a las víctimas.

Por esta razón, propuso que se solicitará al gobierno de Antonio Gali Fayad que presentara un informe de las acciones tomadas para atender este tema, y que se le pidiera al gobierno federal mejorar los reglamentos de la ley en la materia.

TRISTE REALIDAD

Como parte del análisis los legisladores integrantes de la Primera Comisión citan que de acuerdo con el Atlas de Género del Instituto Nacional de Estadística y Geografía “Puebla está posicionado en los primeros lugares en el índice de violencia física y sexual contra mujeres de más de 15 años”, además de que hasta 2013 la tasa bruta de homicidio de mujeres era de 3.39, lo cual pone en evidencia que las mujeres en la entidad “se encuentran en una clara desventaja”.

“Consideramos pertinente la solicitud de la promovente de fortalecer nuestro entramado jurídico para garantizar mejores condiciones de vida para las mujeres en el estado de Puebla”, además de que se deben mejorar las políticas públicas para combatir la violencia que viven las poblanas, concluyen los legisladores

Pese a esto, durante el proceso de estudio del punto de acuerdo, la Secretaría General de Gobierno de Puebla turnó a la Primer Comisión un informe sobre las acciones tomadas para responder a las recomendaciones de la Conavim, el cual contiene puntos muy generales como la creación de la Coordinación Especializada para Prevenir la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, perteneciente al Instituto Poblano de las Mujeres y el inicio de operaciones del Centro de Justicia para las Mujeres ubicado en Tehuacán.

Además se enlistan las nuevas recomendaciones emitidas por el organismo federal, las cuales deberán cumplirse a más tardar enero de 2018, así como los indicadores de medición de cumplimiento.

Dado que el gobierno cumplió con el informe que se pedía en la proposición original, en el punto de acuerdo que se aprobó en la sesión de este miércoles ya no se incluyó este punto.

Sin embargo, el punto de acuerdo final podría tener efectos no sólo para el estado de Puebla sino para los procesos que se den a futuro pues en este se indica: “La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, para que considere proponer mejoras al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación a las etapas posteriores al momento de que se emita o no la declaración de alerta de género en las entidades del país”.

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